Tijeretazo en el gasto público y supresión de beneficios fiscales

El Consejo de Ministros aprobará hoy los Presupuestos para 2012 que, fuentes de Hacienda, califican como unos de los “más complejos de la democracia”. Las cuentas del Estado están condicionadas por la necesidad de cumplir el objetivo de déficit de la Administración central, que deberá rebajar sus números rojos del 5,1% al 3,5%, un ajuste de 17.500 millones.

Las cuentas incluirán medidas para recortar el gasto y subir los ingresos. “Recurriremos a instrumentos fiscales de forma eficiente y equitativa”, señaló eufemísticamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los Presupuestos contemplarán una reducción de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades que aplican las grandes empresas.

Los llamados grupos consolidados -conglomerados empresariales que tributan como una sola empresa- están en ojo del huracán ya que aplican el 60% de las deducciones que contempla el tributo que grava los beneficios empresariales. De hecho, una multinacional suele tributar a tipos efectivos menores que una pyme.

Además, Hacienda también estudia limitar de alguna forma la libertad de amortización, una medida que aprobó el anterior Gobierno y que permite que las empresas imputen sus gastos en inversión o en compra de inmuebles en su declaración tributaria de la forma que más les convenga. Ello, según los inspectores fiscales, facilita que las grandes empresas reduzcan a la carta su base imponible. Además, en un primer momento, la libertad de amortización se vinculó al mantenimiento del empleo, un requisito que el anterior Ejecutivo decidió suprimir. El Ejecutivo podría limitar este beneficio fiscal en los presupuestos y poner coto a la deducibilidad de los gastos financieros.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó la posibilidad de elevar impuestos sobre el consumo como el IVA. En cualquier caso, los expertos advierten que tarde o temprano el Ejecutivo deberá acometer un incremento del IVA, cuyo tipo general se sitúa en el 18%, un nivel inferior a la media europea y al gravamen que aplican países limítrofes con España como Francia (19,6%) o Portugal (23%).

Si bien Montoro es contrario a la subida del IVA, el Ejecutivo no descarta aplicar el tipo general del 18% a algunos de los productos que actualmente tributan por el gravamen reducido del 8%.

Los Presupuestos tampoco incluirán una subida de los impuestos especiales, ya que estos tributos se incrementan a través de reales decretos para que la medida entre en vigor de forma automática. Respecto al IRPF, no se esperan cambios importantes después de que el Ejecutivo elevara en diciembre hasta el 7% el tipo que se aplica sobre los rendimientos del trabajo. Además, también subió la fiscalidad sobre las plusvalías. Así, todo apunta que la mayor parte de las modificaciones fiscales en los Presupuestos afectará al impuesto sobre sociedades.

Por el lado del gasto, el Gobierno aplicará un recorte del 15% en los presupuestos de los ministerios, un ajuste mayor al anunciado en un primer momento, ya que Bruselas endureció el objetivo de estabilidad fijado inicialmente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, las cuentas incorporarán medidas que permitan reducir el gasto y elevar los ingresos de comunidades y ayuntamientos. Las autonomías deben reducir sus números rojos del 2,9% al 1,5%, un ajuste que parece inasumible sin la ayuda de la Administración central. En este sentido, el Ejecutivo trabaja en un nuevo catálogo de servicios básicos que las comunidades deben financiar obligatoriamente. La sanidad y la educación acaparan el 60% de los presupuestos autonómicos.

Hachazo a la inversión pública

Todo indica que la inversión pública será el capítulo que sufra un mayor recorte, una posibilidad que atemoriza a las empresas del sector. En cualquier caso, ello supone seguir la senda del anterior Ejecutivo. En 2011, la inversión de la Administración central ya se redujo un 21,5%, una cifra que podría verse superada a lo largo de este año. El único capítulo presupuestario que se incrementará de forma notable es el dedicado a pagar los intereses de la deuda. Respecto a los gastos de personal, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que no reducirá el salario de los funcionarios, aunque se mantendrá congelado.

La Administración central destina 27.420 millones, el 18% del presupuesto total, a pagar sueldos públicos. Un importe que se incrementa hasta los 124.781 millones si se tiene en cuenta el gasto de las comunidades y ayuntamientos. De momento, solo la Generalitat de Cataluña y la Junta de Castilla-La Mancha han anunciado un recorte del sueldo de los empleados públicos.

Fuente: EL PAIS

El Estado registró hasta febrero un déficit de 20.668 millones de euros, el 1,94% del PIB

El Estado registró hasta el mes de febrero un déficit de 20.668 millones de euros en términos de contabilidad nacional, equivalente al 1,94% del PIB, según el avance de los datos de ejecución presupuestaria publicados en la tarde de ayer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Desde Hacienda se señala que es oportuno tener en cuenta que en este periodo existen adelantos de transferencias a CCAA, a cuenta de la liquidación definitiva del sistema de financiación 2010, así como mayores transferencias a la Seguridad Social, por un importe global de unos 6.000 millones de euros, si bien estas partidas se irán cancelando a lo largo del año. Asimismo, los recursos aún no incluyen la mayor parte del incremento de las retenciones a cuenta en el IRPF aprobadas para la corrección del déficit público, en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.

Hay que señalar también que todavía no pueden apreciarse las medidas de reducción del gasto de los 0,5 puntos porcentuales adicionales que se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, además de que será a partir de marzo cuando comience a notarse en términos de contabilidad nacional el grueso del aumento de retenciones del trabajo derivadas de las medidas de aumento de IRPF (en contabilidad de caja a partir de abril). Estas medidas en el conjunto del año van a suponer una mejora de recursos de un punto del PIB respecto al año 2011.

Este balance es el resultante de unos gastos no financieros, en términos de contabilidad nacional, de 29.807 millones de euros; por unos ingresos no financieros que ascendieron a 9.139 millones.

En términos de caja, una metodología contable que considera los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante el periodo, el Estado presentó hasta febrero un déficit de 9.196 millones de euros, frente al saldo negativo de 5.582 millones del año precedente.

Estas cifras -a juicio del ministerio de Hacienda- no deben considerarse indicativas de la evolución que puedan seguir las cuentas públicas a lo largo del ejercicio, dado que los dos primeros meses del año no son representativos. Además, están condicionadas por un aumento en las devoluciones de impuestos a ciudadanos y empresas y por adelantos de transferencias a las comunidades autónomas, que se iban efectuar en el mes de julio, y a la Seguridad Social que aumentan temporalmente, respecto a lo que fue la evolución en 2011, el déficit del Estado.

INGRESOS NO FINANCIEROS

En las cifras de ingresos no financieros totales, en términos de caja, se aportan datos, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales (CCAA y Corporaciones Locales), lo que permite hacer un análisis más completo.

Hasta febrero, la recaudación ascendió a 34.769 millones de euros, un 1,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone una mejora de 2,5 puntos respecto a la evolución que reflejaba en enero. Los ingresos impositivos, que representan cerca del 89% del total, disminuyeron un 8% respecto a los del ejercicio de 2011, como consecuencia fundamentalmente del aumento de las devoluciones impositivas. Ajustadas estas devoluciones a su evolución normal, la caída de la recaudación impositiva se modera así, en términos homogéneos, al 3%.

La recaudación por impuestos directos fue de 14.988 millones de euros, un 7,4% menos que la cifra de 2011, mientras que la correspondiente a los impuestos indirectos fue de 15.867 millones de euros, un 8,4% menos que la de 2011. El resto de los ingresos no financieros ascendió a 3.914 millones de euros, 2.206 millones más que el año anterior.

El IRPF alcanzó unos ingresos de 14.811 millones de euros, inferiores en un 2,7% a los de 2011. Esta evolución supone una mejora respecto a la registrada en enero de 1,8 puntos, debida a la mejor evolución de las retenciones del trabajo en febrero y al impulso de las retenciones de capital mobiliario, en el que influye la subida de tipos impositivos del 19 al 21%. Sin embargo, el grueso de las retenciones del trabajo ingresadas hasta febrero, correspondientes por tanto a importes devengados en enero, aún no estaban afectadas por las modificaciones impositivas extraordinarias adoptadas para la corrección del déficit público en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.

La recaudación del Impuesto de Sociedades arroja un saldo negativo de 389 millones de euros, si bien hasta la fecha la recaudación por este impuesto no es en absoluto significativa; comenzará a serlo cuando se produzca el primer pago fraccionado que tendrá lugar en el mes de abril. Es el mayor volumen de devoluciones el que condiciona su evolución en estos primeros meses, dado que los ingresos brutos crecen un 3,6%. Ajustadas las devoluciones al ritmo de una campaña normal, el Impuesto de Sociedades pasa a crecer, en términos homogéneos, un 22,3%.

En lo que se refiere a impuestos indirectos, la recaudación por IVA ascendió a 12.343 millones de euros. Esta cifra supone una disminución del 9,8% respecto al año anterior, debido, especialmente, al mayor volumen de devoluciones realizadas en enero y febrero, aproximadamente un 31,2% más que el año anterior, y a la disminución del gasto final sujeto a IVA en el último trimestre de 2011 (que se refleja en la recaudación del mes de febrero).

Los impuestos especiales recaudaron 3.029 millones de euros, un 3,3% menos que en 2011, principalmente por el descenso del 7% en la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos como consecuencia del menor consumo de carburantes. Destaca, asimismo, el comportamiento del Impuesto sobre Alcohol y bebidas derivadas y Labores del Tabaco, que presentan, respectivamente, una disminución del 5,1 % y 0,1%.

PAGOS NO FINANCIEROS

Los pagos no financieros excluyendo transferencias corrientes han disminuido un 13,09%. No obstante, los pagos no financieros del Estado han ascendido a 32.259 millones, lo que ha supuesto un aumento interanual del 13,1%. Esta evolución se debe al aumento de las transferencias corrientes que han pasado de 13.644 millones en 2011 a 19.337 millones en 2012, debido a dos operaciones que no tienen correspondencia a febrero de 2011: el adelanto de las transferencias a la Seguridad Social y el anticipo a las CCAA a cuenta de la liquidación definitiva del sistema de financiación del ejercicio 2010 que se hará efectiva en el mes de julio, cuyo efecto irá desapareciendo a lo largo de los próximos meses. Sin estas operaciones, los pagos totales realizados por el Estado en estos dos primeros meses habrían disminuido respecto al año anterior.

Existe, en concreto, descensos muy significativos en los pagos del resto de los capítulos del Presupuesto a excepción de los gastos financieros: el capítulo de gastos corrientes presenta una reducción del 45,2%; el de inversiones reales, del 33,3%; y el de transferencias de capital, el 70,7%.

No obstante, como se reitera desde Hacienda, la evolución de estos primeros meses no es significativa y está condicionada por el adelanto de transferencias a otras administraciones públicas que, temporalmente y en relación con el año anterior, elevan el gasto del Estado.

Servicios mínimos en una huelga

El artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. (BOE de 9 de marzo) establece que:

“Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas”.

Por tanto, los servicios esenciales para la comunidad son el único límite para el derecho de huelga, límite que estará justificado por el interés de la comunidad. Pero esos servicios mínimos tampoco pueden vulnerar el derecho de huelga. Por tanto habrá que encontrar el equilibrio entre el derecho de los trabajadores y el de la comunidad. Desde mi punto de vista siempre debería primar el interés de la comunidad, sobre todo en determinados servicios, sanidad, transporte público, etc.

• STSJ Cataluña Sala de lo Social de 24 julio 2003
Se declara la existencia de vulneración del derecho fundamental de huelga y nula la medida empresarial de obligarle a realizar servicios mínimos al actor que en su condición de delegado sindical, no sólo ostenta las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa, sino que dentro de su actividad sindical está la de ejercitar el derecho de huelga e intervenir en ella informando a los trabajadores en defensa de sus derechos profesionales, debiendo ante ello ceder la obligación de cumplir los servicios mínimos establecidos por la empresa, que disponía de otros trabajadores con los que suplir su ausencia y sin que conste hubiera agotado con el comité de huelga conversaciones para el señalamiento de aquellos.

• STSJ Galicia de 15 mayo 2001
La Sala desestima el recurso de suplicación interpuesto al considerar que la conducta de la demandada, consistente en modificar los servicios mínimos ampliándolos considerablemente, supone una vulneración del derecho fundamental a la huelga. Se está impidiendo o vaciando de contenido el derecho a la huelga, máxime cuando se trata de un paro con una duración de sólo 2 horas, y sin que se haya acreditado la existencia de un supuesto error en la fijación de los servicios mínimos.

• STSJ Andalucía Sevilla de 5 septiembre 2000
Se estima el recurso de suplicación declarando, por contraria al derecho de huelga, la nulidad de la orden que obligaba al actor, el día 3 de diciembre de 1999, a realizar unos servicios superiores a los mínimos establecidos al obligársele a expedir todos los billetes que le fueran solicitados y no sólo los correspondientes a los servicios mínimos establecidos. No procede la indemnización al no existir indicios de perjuicios.Por ello, los servicios mínimos se deberán definir en función del interés de la comunidad en el área de actividad de que se trate. Y, habrá actividades en las que no sea necesario establecer servicios mínimos.

• STC Sala 2ª de 17 julio 1981
El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de amparo y considera que ha sido vulnerado el derecho de huelga de la entidad recurrente, en el orden contencioso-administrativo. Según el TC, lo esencial es el libre ejercicio de los derechos constitucionales y el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en este caso se traduce en la libertad de movimiento de las personas por el territorio nacional y en la distribución de las mercancías necesarias para la ordenada y organizada vida comunitaria. En consecuencia, no hay necesariamente un “transporte ferroviario esencial”, excepto en aquellos casos en que la satisfacción de los mencionados bienes e intereses exija el funcionamiento de ferrocarril.
El establecimiento de los servicios mínimos en caso de huelga debería negociarse previamente con los representantes de los trabajadores.

La atribución de manera exclusiva al empresario de la facultad de designar a los trabajadores que durante la huelga deban velar por el mantenimiento de los locales, maquinaria e instalaciones, fue declarado inconstitucional por la STC de 8 abril 1981.• STC de 8 abril 1981
El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por 52 Diputados contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo. El TC declara la inconstitucionalidad de diferentes artículos, entre ellos el apartado 7del art. 6 en cuanto atribuye de manera exclusiva al empresario la facultad de designar los trabajadores que durante la huelga deban velar por el mantenimiento de los locales, maquinaria e instalaciones. Por otro lado, el TC estima que el art. 3 no es inconstitucional siempre que se entienda que el derecho de huelga, que pertenece a los trabajadores, puede ser ejercitado por ellos personalmente, por sus representantes y por las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral al que la huelga se extienda, y que son inconstitucionales las exigencias establecidas en dicho artículo de que el acuerdo de huelga se adopte en cada centro de trabajo.

Los servicios minimos deben comunicarse a los trabajadores. Es requisito necesario, y su ausencia da lugar a la nulidad de la resolución. La designación de los trabajadores llamados a cubrir los servicios debe realizarse teniendo en cuenta que: Designación de trabajadores para la realización de los servicios necesarios durante la huelga.

En huelgas minoritarias o parciales se debe llamar preferentemente a los no huelguistas .
En huelgas mayoritarias o sectoriales los trabajadores no pueden invocar su pertenencia al sindicato convocante como impedimento para ser llamados.

Los servicios mínimos deberán estar justificados y deberá así acreditarse a la representación social

No se fija un plazo legal para el establecimiento de servicios mínimos . Los trabajadores están obligados al cumplimiento de la resolución de servicios mínimos , incluso en el caso de que posteriormente sea anulado por los Tribunales

Los sindicatos acusan a CEOE de incitar a las amenazas y la coacción

La patronal de los colegios católicos ha recomendado a sus centros asociados que pregunten a sus trabajadores si el jueves harán huelga. Para los sindicatos esta consulta es ilegal. Y llega tras circulares y cartas enviadas desde CEOE en la que se advierte de que “la actitud de los empresarios [ante la huelga] no será de pasividad” o como la de la patronal leonesa, en la que recomienda hacer “fotos o vídeos” de los piquetes el día de la huelga. “Este tipo de redacción es calculadamente ambigua”, explicó ayer el secretario de Organización de UGT, José Javier Cubillo, “y facilita excesos”.

“Agitar el árbol del miedo y recoger el fruto de los árboles que mueve la extrema derecha no es una buena tarea para nadie. Eso se acaba pagando, porque el día de la huelga es uno, pero luego hay muchos más días”, continuó Cubillo, ahondando en el argumento inicial.

La denuncia de los sindicatos llegó ayer en la presentación de los servicos mínimos durante la huelga general de mañana. En ella, el responsable de Organización de CC OO, Antonio del Campo, amplió el objetivo de la crítica hacia las Administraciones públicas que no han cerrado acuerdos sobre servicios mínimos. “Se comportan como portavoces de los intereses empresariales, en ariete de la patronal”, declaró Del Campo sobre las ocho comunidades autónomas en las que no ha habido acuerdos en el sector de la enseñanza.

Tampoco se ha podido alcanzar pacto alguno en ocho comunidades autónomas sobre el sector del transporte: Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia. Y las Administraciones han dictado servicios que los sindicatos consideran abusivos. Esto llevó ayer a UGT y CC OO a advertir de que no se comprometen con el cumplimiento de estos servicios mínimos.

Por otra parte, ayer los sindicatos y la Delegación del Gobierno libraban dos batallas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en torno a la huelga general y a un lugar emblemático en las protestas sociales: la Puerta del Sol. La más importante de ellas gira sobre el recurso que han presentado las centrales de trabajadores contra la prohibición de que la manifestación convocada en Madrid para mañana acabe en Sol, y no tendrá resolución oficial hasta hoy a las 10 de la mañana. No obstante, Efe informó de que la justicia dará la razón a UGT y CC OO.

La otra batalla consistía en la reclamación de los sindicatos contra la decisión de la Delegación de acortar en una hora la concentración con la que va a dar comienzo la huelga, a las 20.30 de hoy. Así, el acto podrá durar hasta las 23.00, como estaba previsto.

El obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, dirigió una carta a todos los fieles de la Diócesis el pasado 18 de marzo mostrando su desacuerdo contra la reforma laboral al considerar que “rebaja claramente los derechos de los trabajadores”. “Llevamos muchos años donde siempre los perdedores en el concierto social son los mismos, los más débiles”.

Fuente: El Pais

Días clave para Novagalicia

El ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció el pasado jueves que esperaba más fusiones en las próximas semanas. La reforma financiera “no ha hecho más que empezar”, aseguró. En los últimos días Ibercaja ha aprobado la absorción de Caja3. BBVA se ha quedado con Unnim, La Caixa ultima la absorción de Banca Cívica y Unicaja ha decidido al final seguir adelante con la fusión con Caja España-Duero. BMN espera que en breve el FROB dé el pistoletazo para subastar Banco de Valencia y pujar por él. Liberbank sigue en conversaciones con el portugués Caixa Geral para adquirir su filial española por 150 millones de euros, operación que, de cuajar, daría un respiro de dos años al grupo español para realizar su saneamiento y le evitaría tener que fusionarse.

 

20-03-2012 –

BMN, Unicaja y Liberbank, e incluso Ibercaja, al margen de las operaciones mencionadas, no descartan emprender otras fusiones. Tampoco Kutxabank, aunque se da hasta final de año para poder realizarla. Pero es en Catalunya Caixa, Novagalicia y Bankia, donde el mercado está centrando su atención. Incluso si la fusión de Unicaja y Caja España hubiera fracasado, todas las fuentes consultadas aseguran que el Banco de España y el Gobierno habría puesto a funcionar la maquinaria para que otra gran entidad se hiciera cargo de la firma que preside Evaristo del Canto.

Es lo que sucedió con Caja3, a la que el supervisor dio tres meses -hasta marzo- para buscar pareja si no quería que fuera el propio Banco de España el que se la encontrara. Y así fue. A finales de febrero, Ibercaja anunciaba su fusión. Lo mismo sucede con Banca Cívica. Ya en los últimos días de 2011 su director general de eficiencia, Juan Oderiz, reconocía internamente que Banca Cívica necesitaba un plan de supervivencia urgente con un importante programa de ahorro, ya que de lo contrario la firma no era viable. E incluso puso fecha: sin ese contundente plan de eficiencia “en septiembre cerramos”.

El 31 de marzo las entidades presentarán al Banco de España sus planes para afrontar su saneamiento inmobiliario, de acuerdo a la normativa de De Guindos. En esa fecha tendrán que explicar si van a optar por fusionarse o no para cumplir con estas dotaciones, pero no será necesario que presenten sus parejas. El supervisor tendrá hasta el 15 de abril para pronunciarse sobre la idoneidad de estos planes. Tras esta fecha, las entidades que tengan intención de fusionarse deberán presentar a sus novios a más tardar el 31 de mayo. Y es entre estas tres fechas en las que Novagalicia y Bankia (por razones diferentes a las de la entidad gallega) se juegan su independencia, una vez que Catalunya Caixa parece que ha renunciado a buscar inversores que la salven de ser subastada.

El mercado y toda la banca en general no dudan de que Novagalicia será subastada antes de octubre. Solo su cúpula directiva y el Gobierno de la Xunta esperan que al final la entidad gallega siga sola. El empeño personal de su presidente, José María Castellano, en sacar adelante su proyecto comienza a sembrar la duda entre sus rivales. ¿Será posible que haya conseguido inversores extranjeros dispuestos a meter dinero en Novagalicia? Esta es una pregunta que hace menos de un mes nadie se planteaba. Ahora sí. La firma gallega, como lo hará todo el sector, pasará estos días por los despachos del Banco de España para explicar su plan de saneamiento. Y ahí es cuando Castellano expondrá su proyecto innovador para dar entrada a unos cuantos fondos anglosajones dispuestos a invertir en Novagalicia y compartir su futuro con el FROB -que controla el 90% de la entidad- hasta conseguir suficientes accionistas para que el Estado salga por completo de la firma. No hay que olvidar que Castellano siempre dijo que su reto es que la firma cotice.

La Xunta de Galicia ve con buenos ojos el proyecto. El Ejecutivo nacional también, siempre que se realice en las mismas condiciones que el resto del sector y consiga que el crédito fluya entre familias y empresas. Pero la última palabra, como matizó Mariano Rajoy el jueves pasado, la tienen el Banco de España y Economía. El proyecto de Castellano puede ser más barato para el Estado que subastar la entidad. El problema es que los potenciales inversores reclamarán ayudas a través de un esquema de protección de activos (EPA), aunque sería muy inferior al que solicitaría un banco al que se le adjudicara la caja. Si el Banco de España echa para atrás el proyecto, es muy posible que Novagalicia salga a subasta en los meses de mayo o junio, como reclama la gran banca.

Mientras, Rodrigo Rato, presidente de Bankia, también pasará estos días por el Banco de España. El objetivo que maneja la entidad es realizar su saneamiento inmobiliario sin necesidad de ayudas ni de fusiones, ni tan siquiera de medidas extraordinarias como puede ser la venta del 25% de sus activos, como aconsejan algunos bancos de inversión y otras entidades financieras. La matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), espera que el supervisor le deje al final sanear una gran parte de sus activos inmobiliarios contra su patrimonio: 4.000 millones de euros brutos. El argumento es que el grupo se fusionó hace un año y la norma internacional le permite cargar las dotaciones contra capital un ejercicio, 2011. Además, el grupo debe realizar cargas contra capital y provisiones por otros 5.000 millones este año.

Inicialmente, y según reconocen varias fuentes del grupo, el Banco de España le permitió realizar el saneamiento de BFA contra patrimonio, pero ahora ha comenzado a ponerle objeciones. Entre medias, Economía ha insistido en que será muy exigente con estas dotaciones y no permitirá que se carguen contra patrimonio en ningún caso. Y señala que serán el Banco de España y la CNMV los que vigilarán para que esto no suceda. Si finalmente el supervisor considera que la vía elegida por BFA es contraria a la reforma, Bankia tendrá que recurrir a medidas drásticas. Y si no hay fusión tendrá que vender ese 25% de sus activos que reclaman sus competidores.

cinco dias