Las tasas judiciales se aplican a partir de este lunes

La orden recoge los dos modelos para la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales. No obstante, también contempla varios supuestos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de modelos que entrarán en vigor más tarde, a partir del 1 de abril de 2013

La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.

La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado. El PSOE, que ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, también ha registrado diversas proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas además de asegurar que en la calle estarán “con los ciudadanos en cualquier iniciativa” que emprendan.

“El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”, señala el préambulo de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los grupos de la oposición y del conjunto de operadores jurídicos, que consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.

Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.

El orden Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.

Exenciones

Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otro, tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del secretario judicial, que “comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite”, según la ley, recogida por Europa Press.

Rechazo de jueces

La medida ha contado con el rechazo de un amplio sector judicial. En este sentido, asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de “poder a poder”, es decir, desde “el poder ejecutivo al poder judicial” debido al “fracaso” de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

No obstante, Rajoy ya ha manifestado su apoyo y el de su Gobierno a Gallardón en las medidas que está llevando a cabo. “Ha hecho un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno y de su presidente”, ha señalado el jefe del Ejecutivo en referencia al titular de Justicia, añadiendo que la decisión sobre las tasas es “sensata y equilibrada”.

Según Rajoy, los usuarios españoles de la Justicia van a pagar el 10 por ciento de lo que cuenta esta, mientras que el 90 por ciento restante lo van a pagar los contribuyentes “sean o no usuarios del servicio de la Justicia”.

Fuente: CINCO DIAS.COM

 

 

El Gobierno quiere publicar una lista con los mayores defraudadores a Hacienda

Tras el fiasco de la amnistía fiscal, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este jueves que pretende crear una lista pública con los principales defraudadores y morosos con el fisco. Para ello el Gobierno “está estudiando” adaptar la normativa vigente, según avanzó el ministro en el pleno del Senado donde se aprobaron los Presupuestos de 2013 y las medidas tributarias que lo acompañan.

La confección de la lista plantea varias dificultades para Hacienda. La primera es definir “los parámetros objetivos que mejor pudieran servir para configurar tanto el listado como la identificación y la publicidad de los mayores defraudadores y morosos”, según detalló Montoro. En Hacienda insisten en que no es fácil discernir entre evasor y gran evasor. El Código Penal considera delito fiscal al fraude superior a 120.000 euros, pero fuentes del ministerio explican que no se han fijado en esa referencia para confeccionar la lista de grandes infractores.

El servicio jurídico del ministerio de Hacienda está analizando que normas habría que modificar. En primer lugar habría que retocar el artículo 95 de la Ley General Tributaria que establece el “carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria”. Este artículo señala que todos los “datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado”. Y añade: “solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”. Pero en Hacienda no descartan cambios en otras leyes que afectan a impuestos concretos. Tampoco está decidido como dar publicidad a los infractores identificados como grandes defraudadores. La lista negra estará disponible en la página web de Hacienda, pero el Gobierno estudia otras formas de publicidad.

Una medida para 2013

La medida podría entrar en funcionamiento durante el primer semestre del año. De hecho, en Hacienda aseguran que llevan semanas estudiando la medida que está inspirada en la experiencia que aplican países como Reino Unido e Irlanda. No obstante, el anuncio de Montoro se produce el día después de advertir a los medios de comunicación críticos con su gestión por sus deudas con Hacienda. “En vez de dar tantas lecciones de ética a través de editoriales lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes”, proclamó el ministro en el Congreso el pasado miércoles, lo que le acarreó multitud de críticas porque sus palabras sonaron a amenazas. En Hacienda descartan que fuera así e insisten en que el anuncio de este jueves sobre la lista de defraudadores y las declaraciones del ministro sobre los medios de comunicación no tienen nada que ver.

Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata”

 

Para justificar el anuncio señaló: “como responsable de la Hacienda pública española no puedo entender tanta cautela ante personas que no merecen la confianza de la sociedad o empresas que no merecen la confianza de los consumidores porque no dan prioridad al pago de los impuestos, que es la forma de garantizar los servicios públicos de los españoles”. Además, indicó que con esta medida el Gobierno espera “estimular la regularización voluntaria, se trata de que pague, no lo puedo decir más claro y más en plata”, dijo el ministro durante su intervención en el Senado. “No puedo entender tanto sigilo y cautela”, añadió.

El PSOE se mostró partidario de la medida. Pero el diputado socialista Pedro Saura fue más lejos. “Debería publicar la identidad de los indultados por la amnistía fiscal. Aquellos que han blanqueado su capital pagando solo un 1% o un 2%. Montoro está convirtiendo Hacienda en una fábrica de lavado de dinero”, indicó.

Adolfo Suárez ya tuvo sus listas

El Gobierno de Adolfo Suárez con UCD ya publicó listas de defraudadores. Actualmente podría hacerse público sin necesidad de grandes cambios de legislación. Se necesitaría centralizar los datos de las diferentes fuentes públicas en un sitio web, explican fuentes tributarias, que recuerdan que las deudas de las empresas con Hacienda tienen que estar recogidas en sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Las denuncias de los inspectores enviadas a los juzgados, salvo secreto de sumario, también son públicas. Pero fuentes de la Agencia Tributaria admiten que la medida no es bien vista por los inspectores porque consideran que podría afectar a su trabajo.

El Gobierno se muestra dispuesto a publicar los nombres de los grandes defraudadores pero rechaza desbloquear la lista Falciani. Se trata de una relación, en poder de Hacienda, de más de un centenar de nombres con cuentas corrientes en el banco HSBC en Ginebra. La lista toma el nombre de Hervé Falciani, el informático francoitaliano que copió 130.000 cuentas de supuestos defraudadores mientras trabajó en la sede suiza del HSBC.

El anuncio de Montoro se produce una semana después de conocerse el resultado de la controvertida amnistía fiscal. Hacienda ha ingresado la mitad de lo previsto con esta impopular medida con la que Montoro se ha dejado jirones en su gestión.

El posible impuesto a los depósitos

 Montoro destacó este jueves también en el Senado la creación de un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades autónomas puedan aplicar uno propio. Este impuesto, según el ministro, trata de evitar distorsiones en el mercado bancario que segmentarían este mercado y limita a Hacienda la capacidad de elevarlo o modificarlo.

De hecho, Montoro ha dicho que estudia la posibilidad de subirlo y establecer un tipo “muy moderado”, ya que su finalidad última no será recaudar, sino ordenar el sistema financiero para facilitar el crédito.

Además, el ministro aseguró que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) analizará la manera de compensar a las comunidades que lo aplicaban, como Extremadura, Canarias o Andalucía.

 Fuente: EL PAIS

 

 

NOTA DE AVISO: EMISION DE FACTURAS SIN IVA EN EJECUCIONES DE OBRANOTA DE AVISO: EMISION DE FACTURAS SEN IVE EN EXECUXIONS DE OBRANOTA DE AVISO: EMISION DE FACTURAS SEM IVA EM EXECUÇÕES DE OBRA

El miércoles 30 de octubre se publicó la “Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude”.

Una de los principales cambios introducidos en el IVA por esta Ley ha sido incorporar el apartado f) al artículo 84.Uno.2º que dictamina que serán sujetos pasivos del IVA los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:

“f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas.”

¿Qué significa esto en la práctica? Que las empresas o profesionales que realizan ejecuciones de obra recogidas en el apartado f) anterior, deben emitir sus facturas SIN IVA, tanto si facturan al promotor, al contratista principal o subcontratistas de este último.

El destinatario de esta factura sin IVA se convierte en sujeto pasivo del impuesto, y se auto-repercutirá y se deducirá (si tiene derecho a ello) el IVA de la mencionada factura. Por su parte el emisor de la factura podrá seguir deduciéndose el IVA (si tiene derecho a ello) de las compras y/o adquisiciones de bienes y servicios.

¿Desde cuándo se aplica este cambio? La ley es clara al respecto: desde el día siguiente al de su publicación, es decir, se aplica ya a las facturas emitidas desde el 31 de octubre de 2012 (incluido).

Hay que aclarar que esta norma de inversión del sujeto pasivo en el IVA es para las ejecuciones de obra, no para la prestación de servicios. Por ejemplo, un arquitecto, ingeniero, … que facture al promotor de la obra deberá emitir sus facturas con el correspondiente IVA.