El Gobierno garantiza que no pedirá cárcel para los evasores que regularicen

Para evitar cualquier duda o temor entre los contribuyentes que quieran acogerse a la amnistía fiscal aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo acaba de modificar la Ley General Tributaria para incluir en ella la llamada excusa absolutoria, que impide que Hacienda abra la vía penal para los defraudadores que hayan regularizado voluntariamente su situación.

Esta norma ya se contempla en el Código Penal, sin embargo, su inclusión en la Ley General Tributaria persigue ofrecer mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que hayan defraudado más de 120.000 euros, umbral a partir del cual se considera que la evasión fiscal es constitutiva de delito que puede ser penado con cárcel.

De hecho, el cambio normativo no se circunscribe únicamente al marco de la amnistía fiscal, que establece un gravamen del 10% para los contribuyentes que declaren hasta el 31 de noviembre bienes defraudados al fisco. Es decir, un declarante que regularice voluntariamente ante el fisco su situación una vez vencido el plazo de la amnistía fiscal no podrá acogerse al gravamen especial del 10%. Sin embargo, Hacienda le garantiza que no le reclamará responsabilidades penales y, por lo tanto, las sanciones se limitarán al ámbito administrativo. Si bien ello ya sucedía actualmente, resulta significativo que el Ejecutivo haya incorporado la excusa absolutoria en la Ley General Tributaria.

2.500 millones

Actualmente, el Código Penal contempla penas de entre uno y cinco años de cárcel en casos de delito fiscal, sin embargo, es muy extraño que un contribuyente llegue a pisar nunca la prisión por defraudar al fisco.

El Ejecutivo prevé que la amnistía fiscal permitirá aflorar 25.000 millones de euros, un importe del que Hacienda se quedaría el 10%, 2.500 millones, para afrontar parte del duro ajuste por un total de 27.300 millones que fue anunciado el viernes. Además, la amnistía fiscal incluye un gravamen especial del 8% para las empresas que repatríen dividendos obtenidos en filiales ubicadas en paraísos fiscales. Esta medida elevará, según las previsiones de Hacienda, los ingresos públicos en otros 750 millones adicionales.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló ayer que la política fiscal del Gobierno es “un chollo para los defraudadores”, a quienes el presidente, Mariano Rajoy, “trata mejor que a quienes pagan” sus impuestos. En Alicante, durante la clausura del XII Congreso del PSPV-PSOE, en el que ha resultado elegido su nuevo secretario general, Joaquim Puig, Rubalcaba añadió que “más allá de la naturaleza económica de esta medida existe una carga moral que tenemos que denunciar”.

Fuente: CINCO DIAS

Tijeretazo en el gasto público y supresión de beneficios fiscales

El Consejo de Ministros aprobará hoy los Presupuestos para 2012 que, fuentes de Hacienda, califican como unos de los “más complejos de la democracia”. Las cuentas del Estado están condicionadas por la necesidad de cumplir el objetivo de déficit de la Administración central, que deberá rebajar sus números rojos del 5,1% al 3,5%, un ajuste de 17.500 millones.

Las cuentas incluirán medidas para recortar el gasto y subir los ingresos. “Recurriremos a instrumentos fiscales de forma eficiente y equitativa”, señaló eufemísticamente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los Presupuestos contemplarán una reducción de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades que aplican las grandes empresas.

Los llamados grupos consolidados -conglomerados empresariales que tributan como una sola empresa- están en ojo del huracán ya que aplican el 60% de las deducciones que contempla el tributo que grava los beneficios empresariales. De hecho, una multinacional suele tributar a tipos efectivos menores que una pyme.

Además, Hacienda también estudia limitar de alguna forma la libertad de amortización, una medida que aprobó el anterior Gobierno y que permite que las empresas imputen sus gastos en inversión o en compra de inmuebles en su declaración tributaria de la forma que más les convenga. Ello, según los inspectores fiscales, facilita que las grandes empresas reduzcan a la carta su base imponible. Además, en un primer momento, la libertad de amortización se vinculó al mantenimiento del empleo, un requisito que el anterior Ejecutivo decidió suprimir. El Ejecutivo podría limitar este beneficio fiscal en los presupuestos y poner coto a la deducibilidad de los gastos financieros.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó la posibilidad de elevar impuestos sobre el consumo como el IVA. En cualquier caso, los expertos advierten que tarde o temprano el Ejecutivo deberá acometer un incremento del IVA, cuyo tipo general se sitúa en el 18%, un nivel inferior a la media europea y al gravamen que aplican países limítrofes con España como Francia (19,6%) o Portugal (23%).

Si bien Montoro es contrario a la subida del IVA, el Ejecutivo no descarta aplicar el tipo general del 18% a algunos de los productos que actualmente tributan por el gravamen reducido del 8%.

Los Presupuestos tampoco incluirán una subida de los impuestos especiales, ya que estos tributos se incrementan a través de reales decretos para que la medida entre en vigor de forma automática. Respecto al IRPF, no se esperan cambios importantes después de que el Ejecutivo elevara en diciembre hasta el 7% el tipo que se aplica sobre los rendimientos del trabajo. Además, también subió la fiscalidad sobre las plusvalías. Así, todo apunta que la mayor parte de las modificaciones fiscales en los Presupuestos afectará al impuesto sobre sociedades.

Por el lado del gasto, el Gobierno aplicará un recorte del 15% en los presupuestos de los ministerios, un ajuste mayor al anunciado en un primer momento, ya que Bruselas endureció el objetivo de estabilidad fijado inicialmente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, las cuentas incorporarán medidas que permitan reducir el gasto y elevar los ingresos de comunidades y ayuntamientos. Las autonomías deben reducir sus números rojos del 2,9% al 1,5%, un ajuste que parece inasumible sin la ayuda de la Administración central. En este sentido, el Ejecutivo trabaja en un nuevo catálogo de servicios básicos que las comunidades deben financiar obligatoriamente. La sanidad y la educación acaparan el 60% de los presupuestos autonómicos.

Hachazo a la inversión pública

Todo indica que la inversión pública será el capítulo que sufra un mayor recorte, una posibilidad que atemoriza a las empresas del sector. En cualquier caso, ello supone seguir la senda del anterior Ejecutivo. En 2011, la inversión de la Administración central ya se redujo un 21,5%, una cifra que podría verse superada a lo largo de este año. El único capítulo presupuestario que se incrementará de forma notable es el dedicado a pagar los intereses de la deuda. Respecto a los gastos de personal, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que no reducirá el salario de los funcionarios, aunque se mantendrá congelado.

La Administración central destina 27.420 millones, el 18% del presupuesto total, a pagar sueldos públicos. Un importe que se incrementa hasta los 124.781 millones si se tiene en cuenta el gasto de las comunidades y ayuntamientos. De momento, solo la Generalitat de Cataluña y la Junta de Castilla-La Mancha han anunciado un recorte del sueldo de los empleados públicos.

Fuente: EL PAIS

El Estado registró hasta febrero un déficit de 20.668 millones de euros, el 1,94% del PIB

El Estado registró hasta el mes de febrero un déficit de 20.668 millones de euros en términos de contabilidad nacional, equivalente al 1,94% del PIB, según el avance de los datos de ejecución presupuestaria publicados en la tarde de ayer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Desde Hacienda se señala que es oportuno tener en cuenta que en este periodo existen adelantos de transferencias a CCAA, a cuenta de la liquidación definitiva del sistema de financiación 2010, así como mayores transferencias a la Seguridad Social, por un importe global de unos 6.000 millones de euros, si bien estas partidas se irán cancelando a lo largo del año. Asimismo, los recursos aún no incluyen la mayor parte del incremento de las retenciones a cuenta en el IRPF aprobadas para la corrección del déficit público, en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.

Hay que señalar también que todavía no pueden apreciarse las medidas de reducción del gasto de los 0,5 puntos porcentuales adicionales que se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, además de que será a partir de marzo cuando comience a notarse en términos de contabilidad nacional el grueso del aumento de retenciones del trabajo derivadas de las medidas de aumento de IRPF (en contabilidad de caja a partir de abril). Estas medidas en el conjunto del año van a suponer una mejora de recursos de un punto del PIB respecto al año 2011.

Este balance es el resultante de unos gastos no financieros, en términos de contabilidad nacional, de 29.807 millones de euros; por unos ingresos no financieros que ascendieron a 9.139 millones.

En términos de caja, una metodología contable que considera los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante el periodo, el Estado presentó hasta febrero un déficit de 9.196 millones de euros, frente al saldo negativo de 5.582 millones del año precedente.

Estas cifras -a juicio del ministerio de Hacienda- no deben considerarse indicativas de la evolución que puedan seguir las cuentas públicas a lo largo del ejercicio, dado que los dos primeros meses del año no son representativos. Además, están condicionadas por un aumento en las devoluciones de impuestos a ciudadanos y empresas y por adelantos de transferencias a las comunidades autónomas, que se iban efectuar en el mes de julio, y a la Seguridad Social que aumentan temporalmente, respecto a lo que fue la evolución en 2011, el déficit del Estado.

INGRESOS NO FINANCIEROS

En las cifras de ingresos no financieros totales, en términos de caja, se aportan datos, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales (CCAA y Corporaciones Locales), lo que permite hacer un análisis más completo.

Hasta febrero, la recaudación ascendió a 34.769 millones de euros, un 1,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone una mejora de 2,5 puntos respecto a la evolución que reflejaba en enero. Los ingresos impositivos, que representan cerca del 89% del total, disminuyeron un 8% respecto a los del ejercicio de 2011, como consecuencia fundamentalmente del aumento de las devoluciones impositivas. Ajustadas estas devoluciones a su evolución normal, la caída de la recaudación impositiva se modera así, en términos homogéneos, al 3%.

La recaudación por impuestos directos fue de 14.988 millones de euros, un 7,4% menos que la cifra de 2011, mientras que la correspondiente a los impuestos indirectos fue de 15.867 millones de euros, un 8,4% menos que la de 2011. El resto de los ingresos no financieros ascendió a 3.914 millones de euros, 2.206 millones más que el año anterior.

El IRPF alcanzó unos ingresos de 14.811 millones de euros, inferiores en un 2,7% a los de 2011. Esta evolución supone una mejora respecto a la registrada en enero de 1,8 puntos, debida a la mejor evolución de las retenciones del trabajo en febrero y al impulso de las retenciones de capital mobiliario, en el que influye la subida de tipos impositivos del 19 al 21%. Sin embargo, el grueso de las retenciones del trabajo ingresadas hasta febrero, correspondientes por tanto a importes devengados en enero, aún no estaban afectadas por las modificaciones impositivas extraordinarias adoptadas para la corrección del déficit público en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre.

La recaudación del Impuesto de Sociedades arroja un saldo negativo de 389 millones de euros, si bien hasta la fecha la recaudación por este impuesto no es en absoluto significativa; comenzará a serlo cuando se produzca el primer pago fraccionado que tendrá lugar en el mes de abril. Es el mayor volumen de devoluciones el que condiciona su evolución en estos primeros meses, dado que los ingresos brutos crecen un 3,6%. Ajustadas las devoluciones al ritmo de una campaña normal, el Impuesto de Sociedades pasa a crecer, en términos homogéneos, un 22,3%.

En lo que se refiere a impuestos indirectos, la recaudación por IVA ascendió a 12.343 millones de euros. Esta cifra supone una disminución del 9,8% respecto al año anterior, debido, especialmente, al mayor volumen de devoluciones realizadas en enero y febrero, aproximadamente un 31,2% más que el año anterior, y a la disminución del gasto final sujeto a IVA en el último trimestre de 2011 (que se refleja en la recaudación del mes de febrero).

Los impuestos especiales recaudaron 3.029 millones de euros, un 3,3% menos que en 2011, principalmente por el descenso del 7% en la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos como consecuencia del menor consumo de carburantes. Destaca, asimismo, el comportamiento del Impuesto sobre Alcohol y bebidas derivadas y Labores del Tabaco, que presentan, respectivamente, una disminución del 5,1 % y 0,1%.

PAGOS NO FINANCIEROS

Los pagos no financieros excluyendo transferencias corrientes han disminuido un 13,09%. No obstante, los pagos no financieros del Estado han ascendido a 32.259 millones, lo que ha supuesto un aumento interanual del 13,1%. Esta evolución se debe al aumento de las transferencias corrientes que han pasado de 13.644 millones en 2011 a 19.337 millones en 2012, debido a dos operaciones que no tienen correspondencia a febrero de 2011: el adelanto de las transferencias a la Seguridad Social y el anticipo a las CCAA a cuenta de la liquidación definitiva del sistema de financiación del ejercicio 2010 que se hará efectiva en el mes de julio, cuyo efecto irá desapareciendo a lo largo de los próximos meses. Sin estas operaciones, los pagos totales realizados por el Estado en estos dos primeros meses habrían disminuido respecto al año anterior.

Existe, en concreto, descensos muy significativos en los pagos del resto de los capítulos del Presupuesto a excepción de los gastos financieros: el capítulo de gastos corrientes presenta una reducción del 45,2%; el de inversiones reales, del 33,3%; y el de transferencias de capital, el 70,7%.

No obstante, como se reitera desde Hacienda, la evolución de estos primeros meses no es significativa y está condicionada por el adelanto de transferencias a otras administraciones públicas que, temporalmente y en relación con el año anterior, elevan el gasto del Estado.

Servicios mínimos en una huelga

El artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. (BOE de 9 de marzo) establece que:

“Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas”.

Por tanto, los servicios esenciales para la comunidad son el único límite para el derecho de huelga, límite que estará justificado por el interés de la comunidad. Pero esos servicios mínimos tampoco pueden vulnerar el derecho de huelga. Por tanto habrá que encontrar el equilibrio entre el derecho de los trabajadores y el de la comunidad. Desde mi punto de vista siempre debería primar el interés de la comunidad, sobre todo en determinados servicios, sanidad, transporte público, etc.

• STSJ Cataluña Sala de lo Social de 24 julio 2003
Se declara la existencia de vulneración del derecho fundamental de huelga y nula la medida empresarial de obligarle a realizar servicios mínimos al actor que en su condición de delegado sindical, no sólo ostenta las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa, sino que dentro de su actividad sindical está la de ejercitar el derecho de huelga e intervenir en ella informando a los trabajadores en defensa de sus derechos profesionales, debiendo ante ello ceder la obligación de cumplir los servicios mínimos establecidos por la empresa, que disponía de otros trabajadores con los que suplir su ausencia y sin que conste hubiera agotado con el comité de huelga conversaciones para el señalamiento de aquellos.

• STSJ Galicia de 15 mayo 2001
La Sala desestima el recurso de suplicación interpuesto al considerar que la conducta de la demandada, consistente en modificar los servicios mínimos ampliándolos considerablemente, supone una vulneración del derecho fundamental a la huelga. Se está impidiendo o vaciando de contenido el derecho a la huelga, máxime cuando se trata de un paro con una duración de sólo 2 horas, y sin que se haya acreditado la existencia de un supuesto error en la fijación de los servicios mínimos.

• STSJ Andalucía Sevilla de 5 septiembre 2000
Se estima el recurso de suplicación declarando, por contraria al derecho de huelga, la nulidad de la orden que obligaba al actor, el día 3 de diciembre de 1999, a realizar unos servicios superiores a los mínimos establecidos al obligársele a expedir todos los billetes que le fueran solicitados y no sólo los correspondientes a los servicios mínimos establecidos. No procede la indemnización al no existir indicios de perjuicios.Por ello, los servicios mínimos se deberán definir en función del interés de la comunidad en el área de actividad de que se trate. Y, habrá actividades en las que no sea necesario establecer servicios mínimos.

• STC Sala 2ª de 17 julio 1981
El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de amparo y considera que ha sido vulnerado el derecho de huelga de la entidad recurrente, en el orden contencioso-administrativo. Según el TC, lo esencial es el libre ejercicio de los derechos constitucionales y el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que en este caso se traduce en la libertad de movimiento de las personas por el territorio nacional y en la distribución de las mercancías necesarias para la ordenada y organizada vida comunitaria. En consecuencia, no hay necesariamente un “transporte ferroviario esencial”, excepto en aquellos casos en que la satisfacción de los mencionados bienes e intereses exija el funcionamiento de ferrocarril.
El establecimiento de los servicios mínimos en caso de huelga debería negociarse previamente con los representantes de los trabajadores.

La atribución de manera exclusiva al empresario de la facultad de designar a los trabajadores que durante la huelga deban velar por el mantenimiento de los locales, maquinaria e instalaciones, fue declarado inconstitucional por la STC de 8 abril 1981.• STC de 8 abril 1981
El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por 52 Diputados contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo, regulador del derecho de huelga y de los conflictos colectivos de trabajo. El TC declara la inconstitucionalidad de diferentes artículos, entre ellos el apartado 7del art. 6 en cuanto atribuye de manera exclusiva al empresario la facultad de designar los trabajadores que durante la huelga deban velar por el mantenimiento de los locales, maquinaria e instalaciones. Por otro lado, el TC estima que el art. 3 no es inconstitucional siempre que se entienda que el derecho de huelga, que pertenece a los trabajadores, puede ser ejercitado por ellos personalmente, por sus representantes y por las organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral al que la huelga se extienda, y que son inconstitucionales las exigencias establecidas en dicho artículo de que el acuerdo de huelga se adopte en cada centro de trabajo.

Los servicios minimos deben comunicarse a los trabajadores. Es requisito necesario, y su ausencia da lugar a la nulidad de la resolución. La designación de los trabajadores llamados a cubrir los servicios debe realizarse teniendo en cuenta que: Designación de trabajadores para la realización de los servicios necesarios durante la huelga.

En huelgas minoritarias o parciales se debe llamar preferentemente a los no huelguistas .
En huelgas mayoritarias o sectoriales los trabajadores no pueden invocar su pertenencia al sindicato convocante como impedimento para ser llamados.

Los servicios mínimos deberán estar justificados y deberá así acreditarse a la representación social

No se fija un plazo legal para el establecimiento de servicios mínimos . Los trabajadores están obligados al cumplimiento de la resolución de servicios mínimos , incluso en el caso de que posteriormente sea anulado por los Tribunales

Los sindicatos acusan a CEOE de incitar a las amenazas y la coacción

La patronal de los colegios católicos ha recomendado a sus centros asociados que pregunten a sus trabajadores si el jueves harán huelga. Para los sindicatos esta consulta es ilegal. Y llega tras circulares y cartas enviadas desde CEOE en la que se advierte de que “la actitud de los empresarios [ante la huelga] no será de pasividad” o como la de la patronal leonesa, en la que recomienda hacer “fotos o vídeos” de los piquetes el día de la huelga. “Este tipo de redacción es calculadamente ambigua”, explicó ayer el secretario de Organización de UGT, José Javier Cubillo, “y facilita excesos”.

“Agitar el árbol del miedo y recoger el fruto de los árboles que mueve la extrema derecha no es una buena tarea para nadie. Eso se acaba pagando, porque el día de la huelga es uno, pero luego hay muchos más días”, continuó Cubillo, ahondando en el argumento inicial.

La denuncia de los sindicatos llegó ayer en la presentación de los servicos mínimos durante la huelga general de mañana. En ella, el responsable de Organización de CC OO, Antonio del Campo, amplió el objetivo de la crítica hacia las Administraciones públicas que no han cerrado acuerdos sobre servicios mínimos. “Se comportan como portavoces de los intereses empresariales, en ariete de la patronal”, declaró Del Campo sobre las ocho comunidades autónomas en las que no ha habido acuerdos en el sector de la enseñanza.

Tampoco se ha podido alcanzar pacto alguno en ocho comunidades autónomas sobre el sector del transporte: Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia. Y las Administraciones han dictado servicios que los sindicatos consideran abusivos. Esto llevó ayer a UGT y CC OO a advertir de que no se comprometen con el cumplimiento de estos servicios mínimos.

Por otra parte, ayer los sindicatos y la Delegación del Gobierno libraban dos batallas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en torno a la huelga general y a un lugar emblemático en las protestas sociales: la Puerta del Sol. La más importante de ellas gira sobre el recurso que han presentado las centrales de trabajadores contra la prohibición de que la manifestación convocada en Madrid para mañana acabe en Sol, y no tendrá resolución oficial hasta hoy a las 10 de la mañana. No obstante, Efe informó de que la justicia dará la razón a UGT y CC OO.

La otra batalla consistía en la reclamación de los sindicatos contra la decisión de la Delegación de acortar en una hora la concentración con la que va a dar comienzo la huelga, a las 20.30 de hoy. Así, el acto podrá durar hasta las 23.00, como estaba previsto.

El obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, dirigió una carta a todos los fieles de la Diócesis el pasado 18 de marzo mostrando su desacuerdo contra la reforma laboral al considerar que “rebaja claramente los derechos de los trabajadores”. “Llevamos muchos años donde siempre los perdedores en el concierto social son los mismos, los más débiles”.

Fuente: El Pais