Renta 2016: La Policía alerta de una campaña de SMS fraudulentos

Con la llegada de una nueva campaña de la Declaración de la Renta, desembarcan también en los teléfonos móviles SMS que tratan de robar los datos de los contribuyentes. Antes aún de que se haya iniciado el plazo de presentación (será el próximo 5 de abril), la Policía y la Guardia Civil ya alertan de una campaña del fraude electrónico del ‘phising’ con el objetivo de obtener los datos de cuentas de tarjetas de crédito de los afectados.

Los ciberpiratas envían en este caso SMS —en la Campaña de 2014, por ejemplo, se detectó este mismo fenómeno pero con emails— en los que se hacen pasar por la Agencia Tributaria. Bajo el gancho de una supuesta devolución de impuestos, piden a los afectados a través de una página que falsea la web del Ministerio Público sus datos bancarios.

Esta página web fraudulenta solicita todos los datos. Desde su DNI hasta el número de tarjeta bancaria, su caducidad, pin o código de seguridad. Una información que permite al estafador realizar cualquier tipo de compra en una tienda online.

Ante la recepción de este fraude, la Policía recomienda extremar la cautela con los mensajes de texto o email con un destinatario desconocido. También recomienda al contribuyente solo fiarse de las páginas web que pueda constatar a través de su URL que son oficiales. Unas webs que remitan al renovado sistema de presentación de la declaración vía internet: el AEAT que sustituirá al tradicional Programa Padre.

Los administradores irán en la lista de morosos de Hacienda

El Consejo de Ministros propondrá próximamente la modificación de la redacción del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria para incluir a los responsables solidarios y subsidiarios en la lista de morosos con Hacienda.

Esta decisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública consta en la Ampliación del Plan Presupuestario 2017, remitido por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado viernes.

En la actualidad se incluye la identificación de los deudores mediante la inclusión en la lista del nombre apellidos y número de identificación fiscal de las personas físicas deudoras y la razón social o denominación social completa y el número de NIF, correspondiente.

Responsables del impago

La Ley General Tributaria considera responsables subsidarios a los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones.

Esta responsabilidad incluye también a los administradores que hayan cesado en sus actividades por las deudas generadas durante su gestión al frente de la sociedad.

También se verán reflejados en las listas los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, los agentes y comisionistas de aduanas, cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes; y las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse -Impuesto sobre el Valor Añadido o Impuesto General Indirecto Canario- o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

En otro orden de cosas, el abanico de nombra puede extenderse a las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, así como las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, cuando esté acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir el pago de impuestos a Hacienda.

Conducta dolosa

Establece la Ley General Tributaria que en los supuestos en que los administradores sean causantes o colaboradores en la comisión de infracciones tributarias, mediante conducta dolosa, la responsabilidad se considera solidaria.

Por el contrario, el texto de la Ampliación del Plan Presupuestario 2017 revela que el Gobierno regulará que puedan quedar fuera de la lista de morosos con Hacienda aquellos obligados tributarios que efectúen el pago, incluso tras comunicarles la propuesta de inclusión.

El Gobierno espera que esta medida podría reportar a las arcas públicas unos ingresos adicionales de 150 millones de euros.

Deducibilidad de las Dietas percibidas por una entidad a sus empleados

Declara la DGT que los gastos que satisface una entidad a sus trabajadores en concepto de dietas son fiscalmente deducibles en el ejercicio de su devengo, en la medida en que estén correctamente contabilizados y debidamente justificados e imputados temporalmente.

Los empleados de una entidad son agentes comerciales a los que se les retribuyen dietas y gastos diferenciando entre desplazamientos de menos de 25 km y de más de 25 km. En los primeros, las dietas asignadas son incluidas en su nómina mensual, mientras que en los segundos, cada trabajador ha de presentar un informe y una liquidación acompañada de todas las facturas de los gastos que hayan tenido de hospedaje, atenciones a clientes, dietas, etc. La entidad los satisface con cargo a una tarjeta de crédito de la sociedad, en metálico, o mediante transferencia bancaria a la cuenta del trabajador.

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Se plantea la deducibilidad para la entidad de las dietas incluidas en las nóminas y las dietas por desplazamiento.

El órgano directivo señala que el artículo 10.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece que en el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.

Además, considera que todo gasto contable es gasto fiscalmente deducible a efectos del IS, siempre que cumpla las condiciones legalmente establecidas, en términos de inscripción contable, imputación con arreglo a devengo, correlación de ingresos y gastos y justificación documental, y siempre que no tenga la consideración de gasto fiscalmente no deducible por aplicación de algún precepto específico establecido en la LIS.

Así, el gasto derivado de las retribuciones satisfechas a los trabajadores en concepto de dietas es deducible fiscalmente en el ejercicio de su devengo, en la medida en que esté debidamente contabilizado, justificado, e imputado temporalmente.

Los bancos deberán informar entre enero y mayo de 2017 de la residencia fiscal de los titulares de cuentas

Las entidades financieras tendrán la obligación de identificar entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2017 la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras a diciembre de 2016, así como los datos de dichas cuentas financieras (saldo, nombre de los titulares o valor de la misma), de acuerdo con el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado año con el fin de mejorar el control fiscal de las operaciones financieras, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Desde este año las entidades financieras están obligadas a remitir a Hacienda esta información y será a partir de 2017, respecto a los datos de 2016, cuando deberán llevar a cabo por primera vez dicha comunicación en los cinco primeros meses del año. La cuenta se bloqueará si en el plazo de 90 días el titular no facilitad dicha información.shutterstock_166288760

También entre enero y mayo los bancos deberán informar a Hacienda de las cuentas abiertas por españoles en Estados Unidos, en virtud del acuerdo FACTA suscrito entre España y el país norteamericano en 2013. Hasta ahora, las entidades financieras suministraban esta información entre enero y marzo de cada año y ahora contarán con dos meses más, hasta el 31 de mayo, con el fin de unificar los plazos de esta obligación de información con la anterior de comunicar la residencia fiscal de los titulares de cuentas.

El real decreto de comunicación de la residencia fiscal de los titulares de cuentas permitirá a la Agencia Tributaria contar con toda esa información financiera y que, a su vez, pueda intercambiarla de forma automática con la administración correspondiente del país de residencia fiscal de dichos titulares. Así, por ejemplo, podrá conocer, de forma automática, los valores negociables o fondos de inversión que un residente en España tenga en una institución financiera en países como Luxemburgo, Austria o Irlanda.

Atajar el fraude más sofisticado

Las instituciones financieras deberán, por tanto, identificar primero la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras y, posteriormente, suministrar información a la Agencia Tributaria respecto de tales cuentas. Existen algunas excepciones como el caso de los bancos centrales, a los que se exime de dicha obligación.

Según el Ministerio de Hacienda, la obtención de esta información por la Agencia Tributaria en relación con contribuyentes residentes fiscales en España, así como la posibilidad de intercambiarla con otros estados y obtener información de estos, supondrá un “importante impulso” en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente el más sofisticado, y permitirá un mayor control de las rentas financieras que se obtienen en el exterior.

Hacienda recuerda que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha facilitado que los contribuyentes sean titulares de inversiones en países distintos de su residencia fiscal, y añade que este fenómeno está sirviendo como “herramienta para la evasión fiscal”.

Acuerdo FACTA con EEUU

Precisamente dentro de las medidas adoptadas para el intercambio automático de información fiscal con otros estados con el fin de atajar el fraude fiscal, en 2013 España firmó con Estados Unidos el convenio FACTA, al que también se unieron Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

La firma de dicho acuerdo ha hecho posible que la Agencia Tributaria acceda a información sobre, por ejemplo, los depósitos bancarios que un residente en España tiene en Delaware (un Estado norteamericano de baja o nula tributación) y los intereses que percibe de los mismos.

FUENTE: EL ECONOMISTA