La distribución recuerda al Gobierno que una subida de impuestos afectaría al consumo

Tenemos muy claro que la consolidación fiscal es muy importante, pero el consumo en España no permite un nuevo incremento de los impuestos indirectos. Trabajaremos para evitar una posible subida del IVA“, ha asegurado el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, que ha recordado que en 2013 y 2014 ya se evitó una subida del IVA en los alimentos.asedas-logo-color_299

El directivo de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ha aprovechado la toma de posesión de Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para pedir un “equilibrio” tanto de la cadena alimentaria como del servicio que las empresas del sector ofrecen al consumidor.

Por último, García Magarzo se ha congratulado de que García Tejerina continúe al frente del Departamento. “Dar continuidad a las políticas que se han diseñado en la legislatura anterior es un mensaje para el sector de que hay profundizar en medidas como la Ley de la Cadena, la creación de la AICA, el código de buenas prácticas, que se impulsó en la legislatura pasada, y que ahora hay que sacarle el máximo partido en un contexto de estabilidad política nos parece una buena noticia que hay que aprovechar”, ha indicado.

Prueba videográfica procedente para acreditar despido

El TS, apreciando contradicción, considera apropiado el uso de videovigilancia en un supuesto en el que la consecución de su objetivo se ha ajustado a las exigencias razonables de respeto a la intimidad de la persona, sin que le hayan situado en una situación de indefensión, ya que los actos de sustracción por lo que se sanciona con el despido tienen lugar en un marco de riesgo asumido, pues se usaron las cámaras para acabar con una situación conocida, que era el combatir las actividades generadoras de pérdidas.

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Como consecuencia del consumo de productos por parte de la empleada en el almacén y ser grabada por las cámaras de videovigilancia, la empresa despide a la trabajadora por transgresión de la buena fe contractual. En suplicación se declara nulo el despido como consecuencia de la inadmisión de la prueba videográfica al considerar aplicable la doctrina constitucional  (STC 29/2013), según la cual  es necesario poner en conocimiento de los trabajadores el tratamiento que, en su caso, pueda darse a los datos obtenidos mediante videovigilancia  y su relevancia para el ejercicio de la potestad disciplinaria de la empresa.

El Tribunal, analizando tanto la STC 39/2016 y la STC 29/2013, señala que ambas exponen dos situaciones distintas, pues en la de 2013 la empresa sanciona sirviéndose de datos obtenidos en el exterior del lugar de trabajo, por lo que no cumple ni siquiera una función de advertencia implícita y que tampoco va unida a la comunicación específica dirigida a los trabajadores; y es por ello que se concede amparo a la trabajadora.

En cambio, en la sentencia de 2016 la cámara está situada exactamente sobre la caja una vez producidos hechos irregulares,  por lo que sirve para comprobar lo que era objeto de sospecha y es por ello que se deniega el amparo solicitado.

Esto supone que la sentencia de 2016 se diferencia de la de 2013, en que en la primera las cámaras son una reacción a la existencia de irregularidades, y se colocan donde se venían observando; lo que no sucede en la de 2013, donde las cámaras están situadas en una zona de acceso al público.

En el supuesto enjuiciado, la trabajadora realiza los hechos alegados en la carta de despido en la zona de almacén, restringida al público, a sabiendas de que en ese  el lugar existen cámaras. Lo que se sabe no sólo por ser de común conocimiento para los empleados sino también por existir carteles indicadores. La presencia de las cámaras en la mayor parte del centro de trabajo indica que su finalidad es tanto proteger el patrimonio empresarial, como la grabación de conductas que atenten contra el,  como lo prueba el hecho de que su instalación se realizó tras las múltiples pérdidas sufridas,  lo que convierte a todas las personas que se encuentren en el recinto en sujetos de sospecha y es esa la razón de ser de las cámaras.

Por tanto, la Sala considera  que esta situación excluye el factor sorpresa y muestra el riesgo asumido por la trabajadora despedida con la comisión del hecho causa del despido; y, además, entiende que la medida es proporcional ya que no se ha mostrado otra mas idónea que la instalación de las videocámaras para averiguar el origen de las pérdidas y el empleo de las cámaras muestra una voluntad de solventar el estado de cosas creado, cuando ya existía una situación de desconfianza.

STS Sala 4ª de 7 julio 2016. EDL 2016/152179

Fuente: ADN Social

Las pymes ya pueden solicitar a la banca su calificación crediticia

Las entidades financieras estarán obligadas a entregar este informe a todas las compañías a las que concedan crédito. Se establecen cuatro niveles de riesgo para los negocios.

Las entidades crediticias están obligadas a entregar a los autónomos y pymes que financien un extenso informe sobre su situación financiera e historial de pagos. Este documento, llamado Información Financiera-Pyme, proporciona una calificación sobre el riesgo de la compañía.

La medición se realizará mediante una metodología común establecida por el Banco de España, que ha impulsado la medida. Este sistema servirá para clasificar a los negocios en cuatro categorías diferentes de riesgo: bajo, medio-bajo, alto o no disponible. Leer más

Despues de la Sentencia de la Union Europea, mas cerca del contrato unico

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en ningún momento menciona una única modalidad contractual, ni esta es, de hecho, la solución necesaria al embrollo legal que ha generado.

Lo que hace es corregir lo que considera una “discriminación” en materia de indemnizaciones entre la extinción de contratos fijos y temporales, basándose en un caso concreto de una trabajadora interina. Sin embargo, al hacer referencia a equiparar indemnizaciones, muchos han aprovechado para sacar a la luz el contrato único, una de las medidas estrella que Ciudadanos descafeinó en los acuerdos firmados con el PSOE, primero, y con el Partido Popular, después. Leer más

Adios al “libro de visitas”

Las empresas ya no tendrán que actualizar y guardar el denominado libro de visitas de la Inspección de Trabajo en el que debían llevar la cuenta de las inspecciones que les realizaba este organismo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado una orden ministerial que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) que elimina definitivamente este libro de visitas, tanto en formato papel como en formato electrónico.

Esta medida redundará en un ahorro de 700 millones de euros, que se enmarca en las medidas del Gobierno para reducir cargas administrativas, según explicó ayer el Ministerio de Empleo.

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Con esta eliminación también se traslada de la empresa a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la obligación de documentar y dejar constancia de las actuaciones inspectoras realizadas en las visitas a las empresas o en las comparecencias de éstas en las oficinas de inspección.

El libro de visitas de la Inspección cuyo origen está unido a la creación de la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hace 110 años. De hecho, en 1906, el primer reglamento para el servicio de inspección de trabajo, aprobado por el entonces Ministerio de Gobernación, obligaba a que en todos los establecimientos sujetos a inspección existiera un libro de visitas.

En 2013, este libro se sustituyó por el formato electrónico, en una primera adaptación de la Inspección de Trabajo por el creciente uso de las nuevas tecnologías en las relaciones de las empresas con la Administración.

Ahora, los inspectores de trabajo, cuando realicen visitas a los centros de trabajo o comprobaciones en dependencias públicas, extenderán diligencia, según establece la orden, y podrán utilizar medios electrónicos.

En concreto, extenderán una diligencia por cada visita, reflejando las materias, aspectos examinados o incidencias, que deberán ser conservadas por un plazo de cinco años.

La orden contempla que el modelo se confeccione en versión bilingüe en las comunidades autónomas con lengua cooficial.

Fuente: CINCODIAS