Los bancos deberán informar entre enero y mayo de 2017 de la residencia fiscal de los titulares de cuentas

Las entidades financieras tendrán la obligación de identificar entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2017 la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras a diciembre de 2016, así como los datos de dichas cuentas financieras (saldo, nombre de los titulares o valor de la misma), de acuerdo con el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado año con el fin de mejorar el control fiscal de las operaciones financieras, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Desde este año las entidades financieras están obligadas a remitir a Hacienda esta información y será a partir de 2017, respecto a los datos de 2016, cuando deberán llevar a cabo por primera vez dicha comunicación en los cinco primeros meses del año. La cuenta se bloqueará si en el plazo de 90 días el titular no facilitad dicha información.shutterstock_166288760

También entre enero y mayo los bancos deberán informar a Hacienda de las cuentas abiertas por españoles en Estados Unidos, en virtud del acuerdo FACTA suscrito entre España y el país norteamericano en 2013. Hasta ahora, las entidades financieras suministraban esta información entre enero y marzo de cada año y ahora contarán con dos meses más, hasta el 31 de mayo, con el fin de unificar los plazos de esta obligación de información con la anterior de comunicar la residencia fiscal de los titulares de cuentas.

El real decreto de comunicación de la residencia fiscal de los titulares de cuentas permitirá a la Agencia Tributaria contar con toda esa información financiera y que, a su vez, pueda intercambiarla de forma automática con la administración correspondiente del país de residencia fiscal de dichos titulares. Así, por ejemplo, podrá conocer, de forma automática, los valores negociables o fondos de inversión que un residente en España tenga en una institución financiera en países como Luxemburgo, Austria o Irlanda.

Atajar el fraude más sofisticado

Las instituciones financieras deberán, por tanto, identificar primero la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras y, posteriormente, suministrar información a la Agencia Tributaria respecto de tales cuentas. Existen algunas excepciones como el caso de los bancos centrales, a los que se exime de dicha obligación.

Según el Ministerio de Hacienda, la obtención de esta información por la Agencia Tributaria en relación con contribuyentes residentes fiscales en España, así como la posibilidad de intercambiarla con otros estados y obtener información de estos, supondrá un “importante impulso” en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente el más sofisticado, y permitirá un mayor control de las rentas financieras que se obtienen en el exterior.

Hacienda recuerda que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha facilitado que los contribuyentes sean titulares de inversiones en países distintos de su residencia fiscal, y añade que este fenómeno está sirviendo como “herramienta para la evasión fiscal”.

Acuerdo FACTA con EEUU

Precisamente dentro de las medidas adoptadas para el intercambio automático de información fiscal con otros estados con el fin de atajar el fraude fiscal, en 2013 España firmó con Estados Unidos el convenio FACTA, al que también se unieron Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

La firma de dicho acuerdo ha hecho posible que la Agencia Tributaria acceda a información sobre, por ejemplo, los depósitos bancarios que un residente en España tiene en Delaware (un Estado norteamericano de baja o nula tributación) y los intereses que percibe de los mismos.

FUENTE: EL ECONOMISTA

La distribución recuerda al Gobierno que una subida de impuestos afectaría al consumo

Tenemos muy claro que la consolidación fiscal es muy importante, pero el consumo en España no permite un nuevo incremento de los impuestos indirectos. Trabajaremos para evitar una posible subida del IVA“, ha asegurado el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, que ha recordado que en 2013 y 2014 ya se evitó una subida del IVA en los alimentos.asedas-logo-color_299

El directivo de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ha aprovechado la toma de posesión de Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para pedir un “equilibrio” tanto de la cadena alimentaria como del servicio que las empresas del sector ofrecen al consumidor.

Por último, García Magarzo se ha congratulado de que García Tejerina continúe al frente del Departamento. “Dar continuidad a las políticas que se han diseñado en la legislatura anterior es un mensaje para el sector de que hay profundizar en medidas como la Ley de la Cadena, la creación de la AICA, el código de buenas prácticas, que se impulsó en la legislatura pasada, y que ahora hay que sacarle el máximo partido en un contexto de estabilidad política nos parece una buena noticia que hay que aprovechar”, ha indicado.

Prueba videográfica procedente para acreditar despido

El TS, apreciando contradicción, considera apropiado el uso de videovigilancia en un supuesto en el que la consecución de su objetivo se ha ajustado a las exigencias razonables de respeto a la intimidad de la persona, sin que le hayan situado en una situación de indefensión, ya que los actos de sustracción por lo que se sanciona con el despido tienen lugar en un marco de riesgo asumido, pues se usaron las cámaras para acabar con una situación conocida, que era el combatir las actividades generadoras de pérdidas.

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Como consecuencia del consumo de productos por parte de la empleada en el almacén y ser grabada por las cámaras de videovigilancia, la empresa despide a la trabajadora por transgresión de la buena fe contractual. En suplicación se declara nulo el despido como consecuencia de la inadmisión de la prueba videográfica al considerar aplicable la doctrina constitucional  (STC 29/2013), según la cual  es necesario poner en conocimiento de los trabajadores el tratamiento que, en su caso, pueda darse a los datos obtenidos mediante videovigilancia  y su relevancia para el ejercicio de la potestad disciplinaria de la empresa.

El Tribunal, analizando tanto la STC 39/2016 y la STC 29/2013, señala que ambas exponen dos situaciones distintas, pues en la de 2013 la empresa sanciona sirviéndose de datos obtenidos en el exterior del lugar de trabajo, por lo que no cumple ni siquiera una función de advertencia implícita y que tampoco va unida a la comunicación específica dirigida a los trabajadores; y es por ello que se concede amparo a la trabajadora.

En cambio, en la sentencia de 2016 la cámara está situada exactamente sobre la caja una vez producidos hechos irregulares,  por lo que sirve para comprobar lo que era objeto de sospecha y es por ello que se deniega el amparo solicitado.

Esto supone que la sentencia de 2016 se diferencia de la de 2013, en que en la primera las cámaras son una reacción a la existencia de irregularidades, y se colocan donde se venían observando; lo que no sucede en la de 2013, donde las cámaras están situadas en una zona de acceso al público.

En el supuesto enjuiciado, la trabajadora realiza los hechos alegados en la carta de despido en la zona de almacén, restringida al público, a sabiendas de que en ese  el lugar existen cámaras. Lo que se sabe no sólo por ser de común conocimiento para los empleados sino también por existir carteles indicadores. La presencia de las cámaras en la mayor parte del centro de trabajo indica que su finalidad es tanto proteger el patrimonio empresarial, como la grabación de conductas que atenten contra el,  como lo prueba el hecho de que su instalación se realizó tras las múltiples pérdidas sufridas,  lo que convierte a todas las personas que se encuentren en el recinto en sujetos de sospecha y es esa la razón de ser de las cámaras.

Por tanto, la Sala considera  que esta situación excluye el factor sorpresa y muestra el riesgo asumido por la trabajadora despedida con la comisión del hecho causa del despido; y, además, entiende que la medida es proporcional ya que no se ha mostrado otra mas idónea que la instalación de las videocámaras para averiguar el origen de las pérdidas y el empleo de las cámaras muestra una voluntad de solventar el estado de cosas creado, cuando ya existía una situación de desconfianza.

STS Sala 4ª de 7 julio 2016. EDL 2016/152179

Fuente: ADN Social

Las pymes ya pueden solicitar a la banca su calificación crediticia

Las entidades financieras estarán obligadas a entregar este informe a todas las compañías a las que concedan crédito. Se establecen cuatro niveles de riesgo para los negocios.

Las entidades crediticias están obligadas a entregar a los autónomos y pymes que financien un extenso informe sobre su situación financiera e historial de pagos. Este documento, llamado Información Financiera-Pyme, proporciona una calificación sobre el riesgo de la compañía.

La medición se realizará mediante una metodología común establecida por el Banco de España, que ha impulsado la medida. Este sistema servirá para clasificar a los negocios en cuatro categorías diferentes de riesgo: bajo, medio-bajo, alto o no disponible. Leer más

Despues de la Sentencia de la Union Europea, mas cerca del contrato unico

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en ningún momento menciona una única modalidad contractual, ni esta es, de hecho, la solución necesaria al embrollo legal que ha generado.

Lo que hace es corregir lo que considera una “discriminación” en materia de indemnizaciones entre la extinción de contratos fijos y temporales, basándose en un caso concreto de una trabajadora interina. Sin embargo, al hacer referencia a equiparar indemnizaciones, muchos han aprovechado para sacar a la luz el contrato único, una de las medidas estrella que Ciudadanos descafeinó en los acuerdos firmados con el PSOE, primero, y con el Partido Popular, después. Leer más