El Gobierno ya tiene el armazón y las bases fundamentales de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos por ingresos reales, cuya principal novedad será el establecimiento de unos tramos, como sucede con el modelo de IRPF para los asalariados, entre los que los trabajadores por cuenta propia podrán elegir en función de la previsión de ingresos que tengan.
En un primer planteamiento del Ejecutivo ya comunicado a los agentes sociales de la materia, este sistema constaría de hasta 13 tramos diferentes en función de los rendimientos, los trabajadores podrán elegir en cual situarse en base a su previsión de ingresos, y además podrán cambiar de tramo cada trimestre en función de estas proyecciones.
Al tratarse de un primer esbozo que el Ejecutivo plantea para la reforma del Reta que se negociará en los próximos meses con las asociaciones de autónomos y la mesa de diálogo social, las bases del nuevo sistema de cotización deberán ser concretadas en las próximas reuniones, así como la cuota que se aplicará para cada uno de ellos. Una posibilidad que se valora es la de establecer dos tramos de cotización para aquellos autónomos con rendimientos por debajo del SMI.
Se aplicaría un primer tramo para aquellos autónomos que obtienen beneficios en el año por debajo del 50% del SMI para quienes se aplicaría una cuota del 30% de la actual base mínima de cotización, en 288 euros al mes. Mientras que para el grupo que se encuentra percibiendo ingresos entre el 50% del SMI -6.300 euros- y los 12.600 euros se les aplicaría una cuantía equivalente al 60% de la actual base mínima de cotización. Es decir, los autónomos que ingresan hasta el 50% del SMI tendrían con esta fórmula una cuota de unos 90 euros mensuales, mientras que el segundo grupo pagaría al mes un máximo de unos de 170 euros al mes, por debajo del actual mínimo de 288 euros.
En un siguiente tramo entre los 12.600 euros correspondientes al SMI y hasta los 25.000 euros anuales de rendimientos, se fijaría la actual base mínima cotización de 944 euros. Y a partir de aquí se establecerían tramos de 5.000 euros en 5.000 euros, hasta llegar a un último tramo en el que la cuota sería el doble en comparación con la del tramo inicial, situándose esta para los trabajadores por cuenta propia con más ingresos (a partir de 50.000 euros o 60.000 euros mensuales), en el entorno de los 2.098 euros mensuales.
Elección de tramo y de cuota
Así, aunque no se han concretado estos diferentes niveles en los que se dividirían los autónomos para fijar su cotización, el Ejecutivo ya ha articulado un armazón con el que prevé elevar la recaudación del Reta en cerca de 2.000 millones de euros, lo que supondría un 20% más que los actuales ingresos que recibe la Seguridad Social por esta vía, unos 10.000 millones de euros anuales de media en los últimos ejercicios, al margen del pasado 2020, cuando la recaudación cayó un 20,9% -con datos de ejecución presupuestaria de Seguridad Social a mes de noviembre del pasado año-.
Esta reforma se aplicaría sobre la casi la totalidad de los autónomos, a excepción de algunos colectivos que quedan por estudiar y conocer su desempeño económico, como sí se ha hecho con 2,9 millones de trabajadores del colectivo que la Seguridad Social ya conoce tras el cruce de datos con la Agencia Tributaria.
Cambio a la nueva cuota
En este sentido, el Gobierno prevé dos fases en el impacto que tendrá la reforma del Reta sobre los autónomos: una primera fase provisional en la que convivirán los trabajadores por cuenta propia que ya estaban en alta en el momento de la reforma junto a los nuevos inscritos al Reta que ya estarán sujetos a la nueva normativa de cotización del colectivo.
En esta primera fase, el Ejecutivo plantea que los nuevos afiliados al Reta elijan de entre esas trece bases de cotización la que más se ajuste a su previsión de rendimientos en el año. Mientras que a quienes ya estaban inscritos en el Reta, tras la aplicación del nuevo sistema, se les aplicará la base de cotización que proceda del anterior sistema, que será considerada de carácter «provisional» hasta que este solicite la nueva base de entre los diferentes tramos, a los que les corresponderá a su vez diferentes bases de cotización.
Todos ellos, tendrán la opción durante el año de cambiar de base de cotización cada tres meses, ajustándose así su previsión de rendimientos en el conjunto del año y su base en cada momento.
Una vez aplicada la reforma, en la práctica, el sistema de autónomos será casi similar al que estructura el IRPF en el régimen de asalariados. Así, como se ha mencionado, el autónomo elegirá una base de cotización entre trece -cifra preliminar hasta que se concreten las negociaciones con las asociaciones representantes de los autónomos-, además podrá cambiar de base cada trimestre y como ocurre en el caso del régimen general, se llevará a cabo un ajuste de las aportaciones a final de cada año. De este modo, una vez hecha la regularización anual, en caso de existir diferencias entre lo cotizado en el conjunto del año y los ingresos obtenidos, se procederá al ingreso de estas cuantías, ya sea a favor o en contra, tal y como sucede con la Declaración de la Renta.
Calendario de aprobación
Con todo ello, si bien el Gobierno y las asociaciones se han puesto a trabajar en esta reforma, el Ejecutivo prevé poner en marcha este sistema en 2022, aunque fuentes oficiales recuerdan que una medida de este calado debe ser altamente consensuada con los agentes sociales. Si bien, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no concibe otro estadio para esta reforma que ya ha sido comunicada a Bruselas en el plan remitido con hasta 30 actuaciones, entre ellas la reforma del sistema público de pensiones en la que el Ejecutivo enmarca esta reforma del Reta para autónomos.
«Se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada. Se ha de corregir la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización que supone una merma de recursos para el sistema y un nivel bajo de acción protectora» para los trabajadores del colectivo, argumenta el Gobierno en el texto remitido a Bruselas con el plan de reformas y en el que se apunta que «el resultado del reconocimiento a los trabajadores autónomos de la facultad de elección de base de cotización es que casi el 85% del colectivo lo hace por la base mínima».
Además, señala el Ejecutivo que «junto a este problema de insuficiencia de recursos, la lógica contributiva del sistema se traduce en que las prestaciones económicas son sensiblemente inferiores a las del régimen general, hasta el punto de que un 36% de los pensionistas del Reta no alcanza la pensión mínima, y por tanto, son beneficiarios de complementos a mínimos en las cuantías de sus pensiones» para completar y garantizar su poder adquisitivo una vez cesada la actividad laboral.
Más allá según apunta el propio ministro del ramo, José Luis Escrivá, en sus comparecencias públicas en el Congreso de estos últimos meses, la reforma del Reta no implica una subida de cuotas generalizada para todos los trabajadores del colectivo. Según los cálculos oficiales, esta medida reduciría la cuota de forma directa a los autónomos que ingresen por debajo del SMI -entre 1,2 y 1,3 millones de autónomos-, mientras que más de medio millón de ellos verían incrementar su cuota mensual.
Según apunta Eduardo Abad, presidente de UPTA, propone para ese colectivo que vería reducir su cuota y por lo tanto las cuantías a la hora de recibir alguna de las prestaciones que otorga a este colectivo la Seguridad Social. Según una encuesta de su organización, más del 25% de los trabajadores por cuenta propia estarían dispuestos a realizar aportaciones complementarias a sus cotizaciones con el fin de incrementar sus bases de cotización, en función de su capacidad de ahorro.
La organización señala sobre esta aspecto que el Estado fomenta el ahorro de los ciudadanos mediante planes de pensiones privados a través de incentivos deducibles en el IRPF, estimulando de este modo, estos métodos complementarios. Para Abad, resulta «imprescindible» promover un sistema adicional, con incentivos fiscales, para que los autónomos aumenten sus cotizaciones y sus futuras pensiones.
Cabe recordar que cerca de un 60% de los autónomos cuentan con algún tipo de instrumento de ahorro a largo plazo para complementar la pensión y que el Gobierno ha aplicado este año una rebaja de los incentivos fiscales para planes individuales del 75%, al tiempo que para fomentar los planes colectivos de empresa permitirá una desgravación fiscal en aportaciones hasta los 10.000 euros anuales.
Fuente: ElEconomista
