La Inspección de Trabajo ha sancionado a un total de 107 empresas con 113.181 euros por no cumplir con la obligación de registrar la jornada laboral de sus empleados. Este es el balance de los seis primeros meses de la aplicación del real decreto que las obliga a llevar un registro del horario. La normativa entró en vigor el 12 de abril, pero las compañías tuvieron un mes adicional para adaptarse, es decir, hasta el pasado 12 de mayo.
En conjunto, el organismo ha multado en el último medio año con 1,26 millones de euros a empresas que no cumplían con la normativa en materia de tiempo de trabajo (más allá del registro de jornada).
Según un comunicado remitido este martes por el Ministerio de Trabajo, la Inspección ha ejecutado desde abril a octubre 5.363 expedientes relacionados con el registro de jornada y el tiempo de trabajo (3,9% más que en el semestre anterior), de los que 980 han concluido con una infracción (9,8% más).
De esta forma, la Inspección ha detectado infracciones en materia del tiempo de trabajo en el 18,3% de las empresas inspeccionadas. Además, ha llevado a cabo 1.671 requerimientos de información a empresas, el 10,9% más.¿Cómo hacer frente a una inspección por el registro de la jornada laboral?
Del importe total de las sanciones reclamadas, 113.181 euros han resultado de expedientes exclusivamente relacionados con el registro de jornada, para lo que ha finalizado 505 expedientes, de los que 107 han concluido con una infracción, en tanto que se han realizado 189 requerimientos de información.
Los otros 1,15 millones de euros restantes estaban relacionados con la campaña en materia de tiempo de trabajo, en la que se revisa la existencia de un registro de jornada para utilizarlo como medio de prueba en la realización de la actuación inspectora.
Para ello, se han finalizado 4.858 expedientes, que han concluido con 873 infracciones, y efectuado 1.482 requerimientos.
La Inspección de Trabajo prevé poner en marcha en 2020 una nueva campaña de inspección específica sobre el registro horario, en coordinación con las comunidades autónomas.
Fuente: eleconomista.es
