Hacienda reforzará los medios de la Agencia Tributaria (AEAT). El Plan de Recuperación incluye un componente —las reformas comprometidas con Bruselas— dedicado a la lucha contra el fraude, que prevé una inversión de 532 millones entre 2021 y 2024 para el organismo que no irá a cargo de los fondos europeos. La reforma contempla, entre otras cosas, la modernización informática de la Agencia, una mejora en los procesos para destapar ingresos ocultos, la reducción de la economía sumergida en el empleo autónomo y la aprobación de la nueva ley contra el fraude, atascada desde octubre en el Congreso. Para 2023, también prevé elevar en unos 3.000 efectivos el personal de la AEAT, que ha ido menguando tras la crisis de 2008, para alcanzar unas “dimensiones más próximas a las que han sido habituales durante toda su historia, en la que casi siempre ha contado con más de 27.000 empleados, alcanzando máximos en el entorno de los 28.000”.
Este componente de Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal está compuesto por cinco grandes bloques: la ley de lucha contra el fraude, la modernización de la AEAT, la mejora de la asistencia al contribuyente y la cooperación tanto internacional como interna. “Este conjunto de medidas orientadas a prevenir y, en su caso, luchar contra el fraude fiscal y reforzar la capacidad de recaudación del sistema impositivo, permitirá la modernización de nuestro sistema fiscal haciéndolo más eficiente, permitiendo amortiguar el impacto de la crisis provocada por la covid-19”, señala el texto. La inversión recogida en el documento crecerá a lo largo de los próximos años: 126 millones este ejercicio, 106 millones el próximo, 109 en 2023 y 191 en 2024.
Modernización de la Agencia Tributaria
En este bloque, el Gobierno contempla la optimización de los recursos tecnológicos de la Administración tributaria y la mejora de la eficiencia energética de sus edificios, aunque no desglosa qué parte de la inversión supondrá. Aquí también se incluyen inversiones en medios y equipamientos para el control aduanero, “incluidos los medios aeronavales”, para luchar contra el contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales, y “mejoras en la selección para detectar ingresos no declarados”.
La AEAT, como prevé su plan estratégico, se enfocará a destapar hechos y bases imponibles ocultas, trabajará en colaboración con asociaciones de pymes y autónomos para analizar normativas y procedimientos y así favorecer el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, y reforzará la colaboración con las Administraciones tributarias autonómicas y locales, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. En este sentido, el documento señala que, cuando los trabajadores autónomos empiecen a cotizar en función de sus ingresos reales ―una recomendación incluida en el Pacto de Toledo―, Hacienda podrá contar con “una nueva fuente de contraste”: “La combinación de datos fiscales y de los registros de la Seguridad Social, junto con la utilización de técnicas predictivas y de minería de datos, permitirá reducir las bolsas de economía sumergida en el ámbito del autoempleo y de las microempresas”.
Asistencia y colaboración
La mejora de la asistencia al contribuyente ya forma parte del Plan Estratégico 2020-2023 de la Agencia Tributaria. En este apartado de la reforma enviada a Bruselas se incluyen las nuevas oficinas de asistencia digital integral (ADI), el refuerzo de canales informativos no presenciales y la mejora de los datos fiscales en el impuesto de sociedades, IVA e IRPF, que ya están disponible desde este ejercicio.
En cuanto a la cooperación internacional, el documento subraya el alto impacto del Brexit en España y el aumento en el número de contribuyentes que poseen activos en el extranjero debido al rápido avance tecnológico. “La práctica ha demostrado que este fenómeno puede servir como herramienta para la evasión fiscal, compartiendo muchos Estados un fuerte interés en establecer mecanismos comunes que les permitan mantener la integridad de sus sistemas tributarios”, analiza. Por otro lado, destaca la necesidad de impulsar la adhesión a los códigos de grandes empresas, asociaciones y colegios de profesionales tributarios y aprobar los códigos de buenas prácticas de pymes y autónomos.
Ley de lucha contra el fraude
Esta norma lleva meses atascada en el Congreso. El proyecto de ley se aprobó el pasado octubre, con una previsión de recaudación de más de 800 millones al año que se incluyó en los Presupuestos de 2021. La nueva norma prevé, entre otras cosas, ampliar el concepto de paraíso fiscal, limitar de 2.500 a 1.000 euros el pago en efectivo para operaciones entre empresas, prohibir las amnistías fiscales y reducir del millón a los 600.000 euros la deuda para aparecer en la lista de morosos de Hacienda. Además, contempla la prohibición legal del denominado software de doble uso, empleado para manipular la contabilidad, y un nuevo valor de referencia de los bienes inmuebles, que afectará a tributos como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos o sucesiones. El documento prevé que la norma entre en vigor en el segundo trimestre de este año, aunque algunos de sus elementos, como la rebaja del umbral de deuda para ser incluidos en la lista de morosos, se harán efectivos en 2022 por cuestiones de calendario.
Fuente:El Pais.
