-
El organismo creará una oficina contra la discriminación laboral por género
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se estrena esta año como un Organismo Autónomo, y por tanto, con líneas de actuación propias. Entre una de las primeras medidas que adoptará, es la creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Esta oficina potenciará las inspecciones en esta materia, según se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Respecto a los resultados previstos para el año próximo, son muy similares a los marcado para 2020, aunque en este año se han visto truncado por la pandemia y el control de los Ertes. Así, prevé la conversión de 80.000 contratos temporales en indefinidos -10.000 más que los previstos en 2020-, para lo que se investigará 470.000 contratos, y se ampliarán las jornadas de 40.000 trabajadores, igual que en 2020, con 450.000 contratos revisados.
Se realizarán 22.000 acciones para comprobar retribuciones, 35.000 para la discriminación de genero, se detectaran a 22.000 falsos autónomos y se aflorarán 12.000 trabajadores irregulares y 3.500 falsos becarios. La previsión es realizar 140.000 visitas a centros de trabajo para el control de economía irregular y extranjeros irregulares con 360.000 actuaciones.
Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a eE que todavía se está elaborando el plan de inspección del próximo año que debe someterse al criterio de las comunidades autónomas.
Siete prioridades
El nuevo organismo autónomo centrará su actividad de control en siete prioridades. Además de garantizar la igualdad laboral de género con la creación de la Oficina contra la Discriminación, se vigilará la contratación a tiempo parcial, en especial lo relativo a la distribución irregular del tiempo contratado, intensificándose las actuaciones en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular o sumergida.
Un tercer objetivo es reforzar el papel de la Inspección en el cumplimiento de la legalidad en los despidos colectivos y otros expedientes de regulación de empleo, en relación con los Ertes y los Eres que se prevén para el año próximo.
Una cuarta prioridad es la lucha contra el fraude, para lo cual apostarán por las nuevas tecnologías y el Big Data. Dentro de la filosofía del trabajo digno, el personal de la inspección debe garantizar la protección de los derecho individuales y colectivos de los trabajadores.
En sexto lugar, el organismo se ha marcado como prioritario la atención al cumplimiento de la normativa salarial, especialmente en lo relativo al salario mínimo interprofesional (SMI) para asegurar que se cobran las retribuciones establecidas por la norma.
Como colofón, el nuevo organismo se prepara para dar respuesta a las transformaciones del mercado de trabajo, con atención a las derivadas de las nuevas plataformas, digitalización y robotización que, en opinión del Ministerio de Trabajo, «amenazan los derechos de las personas trabajadoras por la utilización de fórmulas fraudulentas».
Para abordar estos desafíos, la Inspección tiene previsto incrementar los efectivos de inspectores.
30.813 informes ertes
La Inspección ha tenido que desviar muchos esfuerzos este año al control de las ayudas con motivo del Covid. Así, cuando finalice el año habrán realizado 100.256 inspecciones para el control de prestaciones de ertes y connivencias de desempleo. Se habrán realizado 116.189 inspecciones para habilitación Covid-19 con advertencias de riesgo de exposición. Y se habrán realizado 30.813 informes de sobre los Ertes por la pandemia.
Fuente: El economista.es
