Las personas que hayan recibido ayudas del Gobierno a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables deberán declararlas en el IRPF y podrían pagar por ellas hasta 1.650 euros al considerarse una ganancia patrimonial. Dicho cálculo lo ha hecho el portal especializado en vehículo nuevo Unoauto en función de las estimaciones hechas por los Técnicos de Hacienda (Gestha) antes del inicio de la campaña de la renta, que comienza mañana.
La cuantía de las ayudas a tributar [quedan exentos los descuentos aportados por el concesionario en la compra del vehículo] dependerá de los ingresos y la situación personal y familiar de cada contribuyente. Según la fuente, los compradores de turismos eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible de hidrógeno que tengan un sueldo medio de 21.161 euros y hayan recibido ayudas del Plan Moves II por importe de 4.000 euros pagarán 1.200 euros, una cantidad que se incrementa a 1.650 euros si la ayuda ha sido de 5.500 euros por entregar un coche por achatarrar.
Los que hayan optado por vehículos con motorizaciones térmicas más eficientes y que hayan sido beneficiarios del Plan Renove también tendrán que declararlo. Con ese sueldo medio de 21.161 euros deberán abonar al fisco 240 euros si han recibido una ayuda de 800 euros por un vehículo con etiqueta «C» y 300 euros si ha llegado a los 1.000 euros de un «ECO».
Unoauto ha explicado que los incentivos a la compra constituyen una ganancia patrimonial que debe incluirse en la base imponible general del IRPF y tributarán en función de los ingresos y de la situación personal y familiar de cada contribuyente, mientras que los descuentos realizados directamente por el fabricante no tributan. Asimismo, ha advertido de que los compradores que si no las declaran se exponen a tener que presentar una declaración complementaria, que en caso de no realizarla llevaría a la administración a liquidar el importe correspondiente con intereses de demora e imponer una sanción por una infracción tributaria.
El Gobierno presentará este viernes el Moves III, dotado con 400 millones de euros. Los fondos los gestiona el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se pueden ampliar hasta 800 millones si hay una demanda elevada. Las ayudas también contemplan el despliegue de la infraestructura de recarga.
El objetivo del Ejecutivo es alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos para 2023, así como los 100.000 puntos de recarga. Para ello, movilizará 2.000 millones de euros para abordar la movilidad ‘cero emisiones’ y el despliegue masivo de electrolineras.
A pesar de que el sector siempre ha solicitado que el reparto de fondos se realice por demanda y no por población de las comunidades autónomas, el Gobierno ha dicho que «no se puede hacer de otra manera» debido al reparto competencial, aunque ha garantizado que si una región se queda sin presupuesto, se le concederá más de forma automática.
Fuente: CincoDias
