Hacienda incrementa los controles informáticos a empresas gallegas
En nueve meses hizo 200 inspecciones
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está aumentando los controles informáticos en las empresas gallegas en busca de fraude fiscal. Solo hasta el mes de septiembre de este año se han hecho 200 inspecciones en la comunidad, las mismas que se llevaron a cabo durante todo el 2014. La labor de supervisión en Galicia la están desarrollando las Unidades de Auditoría Informática (UAI), grupos de trabajo en los que además de los inspectores participan, como apoyo, técnicos superiores de sistemas. Esta es la principal novedad. Determinados usos de nuevas herramientas tecnológicas se ha convertido en una bolsa de fraude y de ocultación de datos contables en las empresas para no rendir cuentas al fisco.
Fuentes consultadas en la Agencia Tributaria han precisado que el trabajo más duro consiste en la extracción de información a partir de discos que han sido deliberadamente borrados para eliminar cualquier rastro. En otras ocasiones, el esfuerzo se centra reconocer las posibilidades que dan los programas instalados por los propios contribuyentes para omitir registros.
Las UAI se han dotado de un software con herramientas informáticas de recuperación de datos y de lectura. Y en los últimos tiempos están contando con el apoyo de los ciudadanos que presentan denuncias tributarias sobre cómo funcionan los sistemas de ocultación, lo que facilita los registros informáticos de Hacienda, y el trabajo posterior con los datos.
En las auditorías a firmas gallegas dentro del plan contra la economía sumergida, Hacienda está poniendo el foco en negocios que facturan directamente al público, pero también en compañías mayoristas de otros sectores.
Las fuentes consultadas revelan que el desarrollo de planes coordinados a nivel nacional ha sido un elemento introducido recientemente en la actuación de las UAI y, en general, en toda la inspección. El objetivo pasaría por abordar actuaciones sincronizadas sobre un sector de actividad concreto, de forma que tenga un impacto en todos los negocios y así modificar sus comportamientos fiscales. Las UAI dependen de una unidad central que se integra en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
En España, solo en el primer semestre, la labor de estos grupos de trabajo ha permitido que aflorasen 183 millones de euros, casi lo mismo que en todo el 2014 y un 14,3 % más que en el 2013. Sobre el peso que tiene la economía sumergida en España se ha escrito mucho. El informe The Shadow Economy in Europe revela que mientras que en Francia y Alemania está en el 16 % del PIB, en España llega al 22,6 %, algo por encima de la media de la OCDE.
Un plan que va más allá del control de cajas registradoras trucadas
El plan para incrementar las auditorías informáticas en las empresas como estrategia para combatir la economía sumergida incluye una línea de trabajo enfocada al comercio y la hostelería. Es decir, en paralelo a grandes actuaciones, a lo largo del 2015 también se ha puesto el foco en el control de cajas registradoras trucadas que permiten llevar una doble contabilidad en pequeños negocios. Herramientas tecnológicas que suprimen ventas del establecimiento. Y a menor facturación, menor carga tributaria en IVA e IRPF. La totalidad de las cajas y los TPV pueden incorporar tecnología que borra y reduce el importe abonado por el cliente. Incorporar esta tecnología en sí no constituye un delito, pero sí el uso que se hace de ella. La Agencia Tributaria considera que esta práctica está muy arraigada en pequeños establecimientos de comercio y hostelería.
Sin embargo, este no es un problema exclusivo de España. Otras administraciones fiscales de países de la OCDE han abordado este asunto, como es el caso de Canadá, Alemania, Holanda y Suecia. Los expertos internacionales recuerdan que todos los fabricantes de cajas registradoras y de TPV incorporan ya herramientas que permiten alterar las ventas. Y mantienen estos dispositivos por temor a perder clientes. Estos instrumentos también pueden filtrar, duplicar o incluso añadir nuevos registros para alterar las cuentas y defraudar al fisco.
Fuente: La Voz de Galicia
