La vicepresidenta del Gobierno informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del informe conjunto presentado por los ministerios de Empleo y del Interior relativo a los resultados del programa de lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, que recoge que «el impacto económico de la lucha contra el fraude en el año y medio de vigencia del plan ha superado los 22.500 millones de euros», con un dato para la polémica: según Sáenz de Santamaría hay «más de medio millón de perceptores indebidos de prestaciones por desempleo».
Soraya Sáenz de Santamaría ha destacado que de esos 22.500 millones «en la lucha contra el fraude fiscal se ingresó más de 16.500 millones euros y la lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social supuso un ahorro de 6.152 millones euros».
La vicepresidenta ha informado de que a estos datos «hay que sumar un elemento distinto que no computa en esos ingresos pero que va a tener un efecto fundamental en la recaudación de la Agencia Tributaria, que es el ensanchamiento de las bases imponiblescomo consecuencia del patrimonio aflorado por las declaraciones tributarias extraordinarias de los bienes situados en el exterior que ha aflorado un patrimonio de 40.000 millones euros».
Polémica estadística
La vicepresidenta se refirió a las actuaciones de verificación y control del cumplimiento de la normativa en materia de desempleo, asegurando que han permitido ahorrar a los contribuyentes 3.161 millones de euros en prestaciones: «se han realizado investigaciones y comprobaciones que han afectado a 520.572 personas, es decir amás de medio millón de perceptores indebidos de prestaciones por desempleo y ha permitido ahorrar 3.161 millones de euros», avanzó Sáenz de Santamaría, en unas declaraciones que han sido muy criticadas desde la oposición y que parecen desmentidas por la información del minsterio de Empleo y Seguridad Social.
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, en declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en la I Fiesta de la Militancia del PSOE de Gijón en la tarde del viernes, pidió a la vicepresidenta del Gobierno, que «en vez de buscar fraude entre los parados, lo busque en su partido». Para López, Sáenz de Santamaría ha afirmado «algo muy grave» acusando a los parados de España de «fraude» y le ha pedido que rectifique las cifras que ha dado al entender porque «no son verdaderas». «Si quiere hablar de fraude y quiere buscar fraude, que lo busque en su partido, en el caso Bárcenaso en el caso Gürtel«, añadió el secretario de Organización del PSOE.
Aunque la vicepresidenta dijo que hablaba de quienes cobran el paro y trabajan fraudulentamente, en los primeros seis meses de 2013 se detectaron 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las obtuvieron fraudulentamente, frente a los 4.526 del mismo periodo de 2012, según señaló la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, el pasado agosto en una carta. Si se toman 6.000 casos al semestre, en el año y medio al que se refería el Gobierno saldrían unos 18.000 casos, que incluyen no solo a quienes trabajan y cobran el paro, sino también a otro colectivo sin cuantificar de quienes obtuvieron fraudulentamente la prestación.
Efectos de la modificación de la normativa tributaria
La vicepresidenta ha destacado que la nueva obligación de informar sobre cuentas, valores e inmuebles situados en el extranjero «ha permitido identificar bienes y valores por valor de 87.700 millones euros«.
También ha resaltado que el esfuerzo que se ha realizado en materia de contrabando de tabaco ha supuesto en el año 2012 la incautación de más de 8,7 millones de cajetillas, y hasta la mitad del presente año, de 3,9 millones de cajetillas.
La vicepresidenta ha informado del impulso del intercambio de información tributaria a nivel internacional: «España ha liderado, junto con Alemania, Francia, Italia y Rumania, el desarrollo de unnuevo estándar internacional de intercambio automático y multilateral de información«.
Por otro lado, ha dicho que la adopción de medidas cautelares en los procedimientos tributarios ha impedido que los investigados, por la duración del proceso, distrajeran u ocultaran bienes. En año y medio se han adoptado 3.953 medidas cautelares.
Al hilo de los datos sobre el fraude a la Seguridad Social, la vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno presentará el próximo año una nueva ley de infracciones y sanciones en el orden social que reforzará las consecuencias que tendrá para el desempleado el rechazo de una oferta adecuada de empleo.
