Hace unas semanas altos funcionarios de la Agencia Tributaria lanzaron una propuesta para recuperar la figura del «confidente pagado», una medida que estuvo vigente en España desde 1964 hasta enero de 1987. «Es un canal -explica Ransés Pérez Boga, inspector de Hacienda- ya explorado con éxito en otros países, como EE.UU., Francia, Reino Unido o incluso Alemania». En concreto, en EE.UU. existe esta práctica desde 1863, y cada año se estima que el tesoro norteamericano ingresa más de 5.000 millones de dólares fruto de la información de confidentes, llegando a cobrar cada uno de estos «chivatos» unos 30 millones de dólares por la información y documentación cedida al fisco.
Chivatos de Hacienda ¿sí, o no?
Pérez Boga explica que desde la Agencia Tributaria se les pide a los denunciantes que se chiven por escrito, dando su propio nombre y aportando la documentación relevante que justifique el fraude. Por ello se ha colgado de la web de la AEAT un formulario electrónico, que puede ser impreso y presentado en el registro de cualquier oficina pública, enviado por correo ordinario o por vía electrónica a través de Internet. Sin embargo, los potenciales confidentes no pican ante la sugerencia de Hacienda, y lo más habitual, reconoce el inspector, son las denuncias anónimas, en las cuales se suele aportar documentación. «En la mayoría de las ocasiones esta información es insuficiente, pero en no pocos casos es útil para la inspección», sostiene el funcionario.
¿Cuál es el perfil del denunciante? Muy variado. Desde trabajadores despedidos y despechados hasta expertos informáticos que detectan estas prácticas fruto de su trabajo, o inquilinos de inmuebles que saben que sus caseros no declaran las rentas. También aparecen en la lista de denunciantes más habituales antiguos socios que acabaron enfrentados, parejas rotas y hasta familiares o supuestos amigos del defraudador. Lo que demuestra que la envidia no tiene límites. A modo de anécdota, Boga recuerda que cuando ocupaba la presidencia de la Asociación de Inspectores de Hacienda recibía e-mails o escritos en los que le contaban fraudes. «Incluso -dice- había un señor que me llamaba por teléfono de vez en cuando que quería denunciar al dueño del piso de arriba, porque su inquilino le había contado que no estaba declarando la renta del alquiler que pagaba».
Cualquier ciudadano que tiene conocimiento de que un allegado está cometiendo fraude fiscal, puede interponer una denuncia ante la Agencia Tributaria. No es raro que el denunciante se acerque personalmente a las oficinas de Hacienda y comunique confidencialmente hechos relevantes, e incluso se ofrezca a aportar documentos, con la condición de que quede al margen su nombre. «Estos son los casos más rentables para la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ya que las defraudaciones suelen ser reales y estar bien documentadas, por la especial relación entre el denunciante -que suele dejar sus señas para aportar más documentación si la necesita Hacienda- y el contribuyente», subraya el funcionario.
Ojo al dato: cualquier ciudadano en España que tenga conocimiento de cualquier hecho delictivo ya está obligado a comunicarlo a las autoridades. Pero en la práctica y en la mayoría de las ocasiones nos callamos, y «quizá -concluye el funcionario- si pensamos en el hecho de que existe un estipendio, nos decidiremos a ser más cívicos».
Fuente: La Voz de Galicia